Buenos Aires, 27 oct (Sputnik).- Argentina volvió a solicitar ante una jueza de Nueva York, Loretta Preska, que desista de reclamar una garantía de unos 16.100 millones de dólares en el marco del juicio que llevó adelante por la reestatización en 2012 de la petrolera estatal YPF y que concluyó en septiembre con un fallo a favor del fondo buitre Burford Capital.
“El jueves por la noche, Argentina presentó un escrito solicitando a la Juez Preska que elimine el requisito del depósito de garantía para evitar embargos en el juicio por YPF”, informó este viernes el economista Sebastián Maril, especialista en las demandas que afronta el país en EEUU.
En su presentación, Argentina advirtió que no podía permitir “que los demandantes tengan acceso a la misma fuente limitada de fondos” que utiliza el propio país para cubrir sus obligaciones con acreedores privados de deuda pública.
La nación sudamericana pidió a principios de octubre a Preska, jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, que la eximiera de depositar la garantía de 16.100 millones de dólares, al argumentar que ese monto equivale al 20 por ciento de su presupuesto anual.
A través del estudio Sullivan & Cromwell, el país también recurrió los otros cuatro fallos de la justicia estadounidense emitidos desde 2016 relacionados con la expropiación de la petrolera, al apelar “todas las órdenes interlocutorias y fallos anteriores a esa sentencia”.
“El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía”, añadió.
En su fallo que dejó firme el 15 de septiembre, la magistrada no estableció una cifra exacta de indemnización por la expropiación de las acciones de YPF que adquirió con posterioridad Burford Capital, un fondo de inversión con sede en Londres especializado en comprar juicios, pero sentenció que el esquema de compensaciones económicas que propuso la querella era el conveniente.
Para Preska, Argentina ejerció un control indirecto sobre las acciones que tenía la petrolera española Repsol el 16 de abril de 2012, por lo que consideró que el interés del 8 por ciento propuesto por los abogados de Burford Capital era “apropiado y equitativo”.
En el marco de este juicio, que duró ocho años, el fondo buitre consideró que el Estado argentino debía resarcirlo con 16.000 millones de dólares, mientras que el país sudamericano propuso la cifra de 5.000 millones de dólares.
A raíz de la sentencia de Presker, las partes debían negociar el monto de indemnización sobre la base del tope del reclamo.
Durante el desarrollo del juicio, los fondos Burford Capital y Eton Park reclamaron que el Estado argentino tendría que haber lanzado una oferta de adquisición por todo el capital accionario de YPF, y no solo por el 51 por ciento, de acuerdo a los estatutos de la compañía.
Argentina también tiene la posibilidad de apelar la sentencia ante la Corte Suprema estadounidense.
El Ejecutivo de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF, controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015 comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina, Eskenazi, a través de las cuales habían controlado 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Tras la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes, de acuerdo al estatuto de YPF. (Sputnik)
