Durango, Dgo. – En un acto trascendental, el Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad reformas a la Constitución Política estatal para implementar la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia la mujer. Esta histórica decisión impedirá que personas con antecedentes de violencia de género, agresiones sexuales o incumplimiento de obligaciones alimentarias puedan acceder a cargos de elección popular en la entidad.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, se basó en iniciativas presentadas previamente por los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), evidenciando un consenso político en torno a esta crucial problemática social.
La diputada Sandra Amaya Rosales, al fundamentar su voto a favor, expresó con firmeza: “Dejaremos de ser observadores de actos de irresponsabilidad para las familias duranguenses y velaremos porque los cargos de elección popular sean para personas congruentes y comprometidas con sus hijos. Estamos dando un paso gigantesco, nos unimos para que niñas, niños adolescentes nunca más tengan que carecer de sus pensiones alimenticias. ¡Hoy les puedo decir que lo logramos!”. La legisladora reconoció el trabajo unánime de sus compañeros de la comisión, calificando la aprobación como “un acto de justicia para nuestros infantes”.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Alejandro Mojica, enfatizó la urgencia de esta legislación: “¡Ya basta de simulaciones! ¡Ya basta de permitir que la violencia siga marcando la vida de tantas mujeres, de tantas niñas, niños y adolescentes que solo buscan vivir en paz, con dignidad y con justicia! ¡Hoy estamos aquí para hacer historia!”. Mojica subrayó que esta reforma no es una moda, sino una respuesta a mandatos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, así como al cumplimiento de la reforma al artículo 38 de la Constitución Federal y políticas nacionales como la 3 de 3 contra la violencia.
El líder panista fue contundente al señalar: “En Acción Nacional estamos convencidos de que quienes han atentado contra la vida, la integridad o la dignidad de otros, no tienen cabida en el servicio público. ¡No podemos permitir que agresores sexuales, violentadores de mujeres o deudores alimentarios aspiren a representarnos o tomen decisiones por las familias de Durango!”.
Mojica concluyó con un mensaje claro y directo: “Compañeras y compañeros, recordemos esto: un agresor no representa a nadie, un violentador no legisla con autoridad moral, y un deudor no construye futuro. Que esta reforma sea una señal contundente: en Durango, quien aspire a gobernar, deberá empezar por respetar. ¡Porque en Acción Nacional creemos que ningún cargo vale más que la integridad de una mujer, la seguridad de una niña o el alimento de un niño!”.
La aprobación de esta reforma representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en Durango, alineando la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales y enviando un mensaje contundente de cero tolerancia hacia los agresores en el ámbito político.
