Durango, Dgo.
La diputada Sandra Amaya Rosales, integrante de la Coalición Parlamentaria “Cuarta Transformación”, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado con el objetivo de establecer mecanismos legales que permitan al Ministerio Público solicitar de manera inmediata la restitución provisional de bienes inmuebles despojados, especialmente cuando la víctima sea mujer o persona adulta mayor.
La propuesta de la legisladora busca fortalecer la protección del patrimonio de los sectores más vulnerables de la sociedad duranguense, incrementando además las penas para el delito de despojo y reconociéndolo como una forma de violencia estructural en ciertos casos.
La iniciativa plantea un aumento significativo en las sanciones para quienes cometan el delito de despojo. La pena mínima se duplicaría, pasando de 3 meses a 6 años de prisión, mientras que la pena máxima se incrementaría de 5 a 12 años. Además, se incorporan agravantes específicas cuando la víctima sea una mujer o una persona mayor de 60 años, buscando así una mayor protección para estos grupos.
Un punto crucial de la reforma propuesta es el reconocimiento del despojo como una forma de violencia estructural cuando afecta a mujeres adultas mayores, madres solteras, mujeres indígenas o personas en situación de pobreza. Con esta perspectiva, se busca visibilizar la vulnerabilidad particular que enfrentan estos grupos al ser despojados de su patrimonio.
En la ampliación de motivos, la diputada Amaya Rosales enfatizó el compromiso de la Cuarta Transformación para defender el patrimonio de las familias duranguenses y terminar con abusos que históricamente han sido invisibilizados.
La legisladora señaló que la reforma responde a casos donde la inacción de las autoridades ha llevado a las víctimas a tomar justicia por su propia mano, lo que en ocasiones termina criminalizándolas. El objetivo principal es evitar que ninguna persona vulnerable quede en estado de desamparo legal ante el despojo.
Amaya Rosales argumentó que la falta de herramientas legales para actuar de manera inmediata en casos de despojo revictimiza a las personas afectadas, siendo las mujeres adultas mayores quienes enfrentan condiciones especialmente críticas al ser despojadas de su vivienda. Mencionó que en otras entidades se han presentado casos donde víctimas se han convertido en victimarias por la falta de una respuesta oportuna del Estado, una problemática que, lamentablemente, tampoco es ajena a Durango.
La diputada concluyó que la iniciativa se alinea con los principios de justicia social y protección de los derechos humanos impulsados por la Cuarta Transformación, buscando atender un problema estructural con una respuesta legal inmediata, efectiva y sensible a las condiciones de las personas más vulnerables, en este caso, protegiendo su patrimonio como un derecho fundamental.
