Durango, Dgo. – La diputada Sandra Amaya, integrante de la Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (EASE), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado, buscando una reestructuración profunda de la EASE para erradicar la corrupción y fortalecer la transparencia.
La propuesta de Amaya tiene como objetivo principal fortalecer la estructura, autonomía técnica y operatividad de la Auditoría Superior del Estado, bajo un enfoque más ético, transparente y funcional. Esto busca eliminar prácticas que generan conflicto de interés y desconfianza ciudadana en los procesos de fiscalización del gasto público.
“No se puede hablar de fiscalización efectiva si quienes deben auditar no tienen estructura definida ni límites normativos que protejan la integridad del proceso”, afirmó la legisladora. Subrayó que la fiscalización debe ser una herramienta fundamental para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción e impunidad, y no solo una función técnica.
La iniciativa surge de la preocupación por una estructura interna difusa de la Auditoría, con duplicidades operativas y márgenes de discrecionalidad que han mermado su eficacia y credibilidad. Por ello, se propone una clasificación clara de atribuciones entre las auditorías generales “A” y “B”, lo que permitirá delimitar funciones, asignar responsabilidades y optimizar el funcionamiento institucional.
Uno de los puntos clave de la reforma es la búsqueda por erradicar las “puertas giratorias”. La iniciativa prohíbe expresamente que auditores o personal técnico presten asesorías o trabajen para entes fiscalizables durante su encargo y hasta cinco años después de concluirlo. Esta medida responde directamente a la desconfianza ciudadana generada por prácticas que permitían a los auditores beneficiarse del conocimiento adquirido en sus funciones previas.
Esta reforma se alinea con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas y los principios constitucionales, y busca responder al mandato ciudadano de fortalecer la ética en el uso del dinero público.
