Durango, Dgo. – Con el objetivo de brindar una justicia más pronta y humana a los duranguenses, el Grupo Parlamentario del PRI, a través del diputado Ernesto Alanís Herrera, presentó una iniciativa para crear la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Durango. Esta nueva legislación, compuesta por 188 artículos, busca expandir la aplicación de la mediación y conciliación a diversas materias, más allá de lo penal.
La propuesta aspira a consolidar un marco normativo estatal que permita implementar de manera efectiva los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en beneficio directo de la sociedad. Esto contribuiría al fortalecimiento del tejido social y a un acceso a la justicia más inclusivo y eficiente.
Actualmente, los MASC se utilizan principalmente en materia penal, pero con esta iniciativa se busca que también puedan aplicarse en asuntos civiles, familiares, mercantiles y administrativos.
Alanís Herrera destacó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano, y que los órganos jurisdiccionales tienen el deber de impartir justicia con base en los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso.
La iniciativa toma relevancia tras la publicación, el 26 de enero de 2024, de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Diario Oficial de la Federación, que es de orden público y observancia general. Los MASC son herramientas jurídicas que buscan resolver conflictos entre las partes fuera de los tribunales.
Aunque Durango cuenta con una Ley de Justicia Alternativa desde 2005, que regula la mediación y la conciliación como métodos autocompositivos (donde las partes resuelven directamente sus diferencias, con o sin la ayuda de un tercero neutral), la nueva propuesta busca una homologación. Esto garantizaría la eficacia real de los MASC y su implementación uniforme, estableciendo principios comunes, procedimientos claros, etapas esenciales, así como la capacitación y certificación de los mediadores. Además, se busca la creación de mecanismos específicos para atender conflictos comunitarios con enfoque diferencial y perspectiva de derechos humanos.
