La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la sobreregulación de la ley para combatir el lavado de dinero aprobada por el Senado puede afectar las operaciones diarias de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
“La Minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) recibida en Diputados, que se analizará en Comisiones, podría afectar la operación diaria de las empresas, especialmente de las MiPyMEs”, manifestó el organismo dirigido por Juan José Sierra Álvarez.
Según el organismo patronal, las micro, pequeñas y medianas empresas son el 99 por ciento del entramado productivo de México.
“Nuestra inquietud se centra en la sobrerregulación que implica esta reforma, al ampliar significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables”, manifestó el sindicato patronal.
Las modificaciones para combatir el lavado de dinero exigen a las empresas identificar y conocer a todos sus clientes mediante documentación oficial y, en el caso de personas morales, recabar información detallada sobre los beneficiarios, señaló la Coparmex.
También, la Ley Antilavado obliga a monitorear y avisar operaciones, lo que amplía el universo de transacciones sujetas a fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Aunado a ello, prevalece la restricción al efectivo, situación que no refleja la realidad del país, con relación a la falta de bancarización de muchos clientes”, apuntó.
La organización empresarial indicó que la implementación de esta iniciativa implicaría una inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación constante del personal y contratación de servicios externos para garantizar la ejecución.
“Para muchos negocios, especialmente los de menor tamaño, esto representa una carga económica difícil de absorber”, señaló la Coparmex.
El desarrollo o adquisición de sistemas capaces de identificar operaciones que no sean conforme al perfil transaccional y generar avisos en los formatos requeridos por la autoridad, necesita recursos que no están al alcance de todos, puntualizó.
Adicionalmente, las multas podrían alcanzar más de 7.3 millones de pesos, o incluso montos equivalentes al 100 por ciento de la operación.
La eliminación del requisito de demostrar dolo en algunos casos abre la puerta a responsabilidades penales automáticas.
“La propuesta, lejos de mejorar el cumplimiento, podría fomentar la informalidad o provocar cierres de negocios”, expresó la Coparmex.
“Llamamos a los legisladores integrantes de la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis y discusión se tomen en consideración el diálogo, la evidencia y la responsabilidad”.
El sindicato patronal propuso un modelo proporcional, escalonado y con incentivos que facilite el cumplimiento, especialmente para las MiPyMEs.
“Compartimos el objetivo de prevenir el lavado de dinero, pero no a costa de la viabilidad empresarial”, finalizó.
