La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur) pidió que la implementación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas se haga de manera voluntaria.
Javier Zepeda Orozco, vicepresidente de Desarrollo de las Pymes en México de la Confederación, comentó que las pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas con la implementación de esta reforma, por lo que dijo se les debe dar un trato diferenciado.
“No estamos de acuerdo, no estamos preparados en el sector terciario para asumir esta reforma. El sector terciario depende del flujo del consumidor, no es lo mismo el sector primario, en el que el productor tenga que sembrar y dejar el tiempo para después cosechar y después genero mi venta, mi negocio; en el sector industrial todo el proceso está bajo un ciclo, y en el sector terciario depende del flujo del consumidor, y es por eso que el sector terciario no está preparado para esta reforma”, aseguró.
El vicepresidente dijo que la reforma debe ir acompañada de una serie de incentivos y estímulos que apoyen el crecimiento de las Pymes y no sólo se sustente en discursos.
Precisó que se debe apoyar con un mayor porcentaje de deducibilidad de la nómina a las Pymes, ya que actualmente sólo pueden deducir el 53 por ciento del Impuesto Sobre la Renta y piden que sea del 100 por ciento.
Para Javier Zepeda, esta reforma como está planteada sólo provocará un repunte de la informalidad, que actualmente se ubica en 57 por ciento y podría llegar al 60 por ciento.
“Año tras año la informalidad en México está subiendo, hoy estamos cerca del 57 por ciento en la informalidad, más de 30 millones de personas trabajan en empresas y comercios donde no tienen prestaciones sociales”, añadió.
Agregó que, además del costo que implica para las Pymes cumplir con la reducción de la jornada laboral, se debe sumar las otras reformas laborales recientemente aprobadas, como el incremento al salario, el aumento en días de vacaciones y aguinaldo.
Para el especialista, las medianas y grandes empresas ya están preparadas para cumplir con esta obligación porque tienen departamentos específicos, recursos humanos, personal y recursos financieros para implementar este tipo de mecanismos.
Por ello dijo que el gobierno debe ser solidario con las Pymes y brindar apoyos, deducibilidad en el pago de impuestos, además de que la implementación sea gradual.
Sugirió que en 2026 se aplique para las empresas grandes; en 2027 y 2028 para las medianas; y en 2029 y 2030 para las pequeñas y microempresas.
