Lerdo, Dgo.
Una grave denuncia por presunta detención ilegal, violación al debido proceso y afectaciones a la salud fue interpuesta en la Comarca Lagunera de Durango. El Lic. Sergio Antonio Galán Aguilera, presidente comisionado de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, capítulo Durango, señaló que la detención de dos civiles el pasado martes 25 de noviembre de 2025 se realizó con uso de violencia, sin identificación oficial y sin orden de aprehensión.
El incidente ocurrió el martes en la ciudad de Lerdo, cuando personas armadas a bordo de vehículos sin placas o distintivos oficiales interceptaron y cerraron el paso a los civiles, llevándolos detenidos sin informarles el motivo de su aprehensión.
Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a las oficinas de la Vicefiscalía de la Región Laguna, donde, según la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, se cometieron varias irregularidades:
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Incomunicación: Los familiares denunciaron estar incomunicados y la falta de información sobre el estatus y el estado de salud de los detenidos.
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Omisión Documental: El Agente del Ministerio Público ha sido omiso en entregar una copia de la carpeta de investigación, impidiendo a la defensa acceder a la información necesaria. Ante esta omisión, el cuerpo jurídico de la Comisión Iberoamericana se vio forzado a recurrir al distrito judicial para solicitar amparos.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos intervino de manera inmediata debido a la condición médica de uno de los detenidos, quien fue sometido recientemente a una cirugía de tipo colposcopia y cuya salud podría complicarse.
Asimismo, tras una entrevista con los detenidos, se observaron lesiones en muñecas y varias partes del cuerpo. La Comisión solicitó la intervención de un médico externo a la Fiscalía, quien concluyó que las lesiones son fehacientes.
La denuncia también subraya la violación al debido proceso, ya que los vehículos de los presuntos detenidos no fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. El Lic. Galán Aguilera afirmó que estos vehículos fueron “asegurados por personas civiles”, lo cual contraviene el protocolo legal y vulnera los derechos humanos de los arrestados.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, en conjunto con su cuerpo jurídico, exige el cumplimiento del debido proceso y el respeto a la integridad física de los detenidos.
