Durango, Dgo
Las inconformidades crecen entre la comunidad deportiva luego de que atletas de distintas disciplinas —basquetbolistas, nadadores, voleibolistas, triatletas y futbolistas— denunciaran públicamente el cobro de una “cuota de recuperación” para poder participar en procesos clasificatorios y competencias nacionales, una práctica que, aseguran, no se aplicaba anteriormente y estaría en contradicción con la normativa vigente.
Testimonios de entrenadores y padres de familia, señalan que estos cobros se han vuelto recurrentes en convocatorias oficiales rumbo a la Olimpiada Nacional y otros eventos federados, lo que ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad del financiamiento deportivo y el papel de las autoridades estatales.
De acuerdo con el Reglamento General de Participación de la Olimpiada Nacional y Paralimpiada Nacional 2026, el financiamiento de las etapas estatales y regionales corresponde a los gobiernos estatales, quienes deben cubrir gastos de organización y garantizar el traslado de sus delegaciones a las sedes nacionales.
Además, los lineamientos técnicos establecen que la afiliación a federaciones no es obligatoria durante el proceso clasificatorio, por lo que el cobro por este concepto también ha sido cuestionado por deportistas y especialistas en cultura física.
Padres de deportistas han señalado que se han reportado cobros de participación y afiliación que superan los mil pesos por atleta.
En triatlón, se han solicitado pagos adicionales por afiliación y gastos de recuperación.
En voleibol, futbol y softbol, padres de familia han tenido que absorber costos tras cambios o cancelaciones de eliminatorias.
La carga económica está recayendo en las familias, lo que podría limitar la participación de atletas con menos recursos y generar un filtro económico en lugar de deportivo.
Estos cobros rompen el principio de acceso equitativo al deporte competitivo, especialmente en categorías infantiles y juveniles.
