El debate sobre la interrupción legal del embarazo en Durango vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública, luego de que organizaciones y colectivas recordaran que el Congreso del estado mantiene pendiente una reforma obligatoria para despenalizar el aborto, pese a un mandato judicial emitido desde 2025.
El 18 de julio de ese año, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió el Amparo en Revisión 116/2023, promovido por organizaciones civiles y activistas, en el que se declaró inconstitucional la prohibición absoluta del aborto voluntario en el Código Penal de Durango.
La resolución ordenó al Congreso local modificar la legislación para eliminar el delito, al considerar que la criminalización total vulnera derechos humanos de mujeres y personas gestantes.
La actual Legislatura fue notificada oficialmente el 5 de septiembre de 2025 y tenía como fecha límite el 15 de diciembre del mismo año para cumplir con la reforma. Sin embargo, el plazo concluyó sin que se concretara la modificación legal.
Este escenario ha sido interpretado por colectivos como un incumplimiento legislativo frente a una obligación jurídica clara, lo que mantiene vigente un marco penal que, aseguran, contradice criterios constitucionales y precedentes de la Suprema Corte.
El tema ha sido impulsado en Durango desde distintos frentes. En 2021 se presentó una iniciativa ciudadana respaldada por más de siete mil firmas, considerada uno de los primeros ejercicios formales de participación social en el país sobre el tema.
La propuesta fue rechazada en 2022, evidenciando la resistencia política que persiste en el Congreso estatal.
Organizaciones civiles han insistido en que la discusión no solo es jurídica, sino también sanitaria. La Organización Mundial de la Salud reconoce el aborto como un servicio esencial y señala que su despenalización reduce riesgos y complicaciones asociadas a prácticas inseguras.
En Durango, colectivos han documentado que entre 2022 y 2025 se registraron cientos de acompañamientos de abortos autogestivos, lo que —afirman— refleja la falta de acceso oportuno a servicios institucionales.
Las organizaciones que impulsan la despenalización sostienen que el Congreso tiene la responsabilidad de legislar bajo principios de laicidad y derechos humanos, y reiteran el llamado a cumplir con la sentencia judicial para garantizar la autonomía reproductiva en el estado.
Mientras tanto, el tema continúa polarizando a la sociedad duranguense y abre una nueva etapa de presión política sobre el Poder Legislativo.
