Impulsan nueva ley para fortalecer combate a la corrupción y la tortura en Durango

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Durango, Dgo.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Sandra Amaya Rosales, presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en la Investigación de la Tortura del Estado, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa, técnica y humana de esta institución, así como garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas.

Durante su intervención ante el pleno legislativo, la diputada destacó que la autonomía de los órganos encargados de investigar estos delitos debe ejercerse con responsabilidad frente a la ciudadanía.

“La autonomía institucional no es un cheque en blanco; es una responsabilidad frente al pueblo”, expresó la legisladora, al subrayar que la fiscalía tiene un papel clave en la construcción de instituciones democráticas y confiables.

La iniciativa plantea fortalecer los mecanismos para investigar y sancionar actos de corrupción, así como consolidar las facultades para perseguir delitos relacionados con la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, considerados graves violaciones a los derechos humanos.

Amaya Rosales recordó que en 2024 el Congreso del Estado amplió las atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción, otorgándole facultades para investigar también delitos relacionados con la tortura, lo que permitió avanzar en la atención de casos vinculados con abusos de poder.

En ese sentido, la legisladora señaló que la tortura ha sido utilizada históricamente como un mecanismo para encubrir redes de corrupción o fabricar culpables, por lo que su erradicación debe ser una prioridad dentro del sistema de justicia.

“Combatir la tortura implica también romper con los pactos de impunidad que durante años protegieron a quienes abusaron del poder”, afirmó.

Asimismo, destacó que la eficacia de la fiscalía no debe medirse únicamente por el número de investigaciones o sentencias, sino también por la recuperación de bienes y recursos públicos desviados mediante actos de corrupción.

Finalmente, la coordinadora parlamentaria reiteró que combatir la corrupción y erradicar la tortura son acciones inseparables para fortalecer el Estado de derecho y construir instituciones que generen confianza entre la ciudadanía.

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