La Duda
Por Alejandro Álvarez Manilla
No me queda duda de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados para la simplificación orgánica del Estado mexicano representan un cambio trascendental.
La extinción de órganos autónomos como el INAI, Coneval, Cofece e IFT no solo refleja una apuesta por la eficiencia administrativa, sino también una redefinición del papel del Estado en la vida pública. Sin embargo, la gran interrogante es si este replanteamiento fortalecerá la rectoría gubernamental o concentrará demasiado poder en unas cuantas manos.
La desaparición de siete órganos autónomos responde, a la necesidad de redirigir recursos hacia sectores prioritarios como la salud, la educación y el campo.
Con un ahorro estimado de 15 mil millones de pesos, no tengo duda de que este dinero, bien utilizado, podría beneficiar a millones de personas, sobre todo si las nuevas estructuras podrán garantizar la independencia técnica que antes ofrecían estos organismos.
Entre las medidas aprobadas, destaca la creación de un órgano técnico que asumirá las funciones del IFT y la Cofece, nombrado Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones y su objetivo es combatir prácticas monopólicas, regular mercados estratégicos como telecomunicaciones y radiodifusión, y así como garantizar la competencia económica.
No me queda la menor duda de que estas tareas son esenciales para el desarrollo del país. Pero, ¿cómo asegurar que este nuevo organismo, ahora bajo la tutela gubernamental, mantenga el rigor técnico y la autonomía que le permitan cumplir con estos fines?
Por otro lado, la sectorización del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) promete alinear esfuerzos para mejorar la conectividad y atraer inversiones.
No cabe duda de que esto podría fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones en el país. Sin embargo, tenemos que checar sobre las implicaciones de eliminar la autonomía del IFT, que hasta ahora otorgaba concesiones y regulaba el espectro radioeléctrico. Concentrar estas funciones en un solo ente podría ser un arma de doble filo.
En cuanto a la soberanía nacional, la reforma refuerza el control del Estado sobre recursos estratégicos como el litio, los minerales y la electricidad, excluyendo concesiones a particulares.
Esta medida responde a una visión nacionalista que busca garantizar que estos bienes sirvan al bienestar colectivo. Pero el éxito dependerá de la capacidad del gobierno para gestionarlos con eficacia y transparencia, un desafío que no debe subestimarse.
El próximo paso será el análisis en el Senado y la expedición de leyes secundarias en un plazo de 90 días. Estas normativas serán clave para determinar si el rediseño del aparato estatal cumple con las expectativas planteadas.
Estamos, sin duda, ante una transformación histórica del Estado mexicano. La pregunta que queda es si estas reformas marcarán el inicio de una etapa de mayor eficacia y justicia social o si, por el contrario, centralizarán el poder y debilitarán la transparencia y la rendición de cuentas.
Este es un momento crucial; el tiempo dirá si las dudas de hoy se convierten en certezas o en motivo de arrepentimiento al tiempo…
