Blanca Estela Ríos, doctora asignada hasta hace una semana al Centro de Salud en Tamazula, señaló que, tras ocho años de trabajo, se le avisó el mismo día que ya no se presentara a trabajar, pues, por “indicaciones de Durango”, su contrato ya no sería renovado por la Secretaría de Salud.
Su último contrato había sido escrito apenas tres meses atrás, por lo que no había garantías de liquidarla con el trabajo anterior; “se nos dijo que eran despidos aprobados por los diputados. Luego nos dijeron que era por falta de presupuesto del Gobierno Federal”, dijo.
La doctora Blanca es de Culiacán, tiene que regresar a su ciudad cada fin de semana, con los riesgos que ello conlleva ante el panorama de inseguridad actual. Le pagan 4 mil 500 y la renta ronda los 3 mil. Además, pese a ser médico, no tiene derecho a la salud y debe tratarse en Sinaloa.
Así como ella hay otros cuatro casos en Tamazula, donde no se les reconoce el tiempo que invierten en ir a atender al Hospital General de Culiacán, que está sobresaturado, y mucho menos les cubren sus viáticos; “no nos garantizan ni la seguridad si llegan baleados o amenazándonos”.
En total son 170 los trabajadores a los cuales ya se les negó el acceso a sus centros de trabajo, se les eliminó de las redes sociales de sus hospitales, se les borró de la nómina y los checadores y se les niega información; “son 70 de la Laguna, 70 de la capital y el resto de los demás municipios, todo en menos de una semana”.
