- Hasta siete años de prisión a quienes incurran en esta practica
Con el objetivo de garantizar que el acceso a cargos de elección popular se base en la capacidad, ética y compromiso de las personas, y no en intereses económicos o influencias políticas, la diputada Sandra Amaya Rosales presentó la iniciativa para tipificar y sancionar de manera contundente la venta de candidaturas.
Al realizar la ampliación de motivos, estacó la urgencia de combatir la corrupción en los procesos electorales y fortalecer la transparencia en la selección de candidaturas. En este sentido, recordó que la lucha contra la corrupción es una prioridad del movimiento de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y advirtió que la compra de candidaturas distorsiona la voluntad del pueblo, debilita la democracia y favorece intereses particulares.
Explicó que la propuesta de reformas al Código Penal del Estado contempla sanciones severas, incluyendo multas de 50 a 200 cuotas, así como penas de prisión de uno a siete años para quienes incurran en esta práctica. En el caso de servidores públicos, las penas se duplicarán, con destitución inmediata e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
“La transparencia en los procesos electorales no es solo una demanda del pueblo, sino una necesidad fundamental para el buen funcionamiento de nuestra democracia. Con esta iniciativa damos un paso firme para garantizar que el poder esté verdaderamente al servicio de la gente”, enfatizó la legisladora.
Finalmente, Amaya hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores para respaldar la propuesta, reiterando el compromiso de la Cuarta Transformación con un Durango donde la honestidad y la justicia sean los pilares de la política.
