Durango, Dgo.
Con el objetivo de fortalecer la economía social en el estado, el diputado Alejandro Mata ha presentado una iniciativa para la creación de la Ley de Fomento Cooperativo del Estado de Durango. Esta propuesta busca establecer un marco jurídico claro y funcional que regule, fomente y fortalezca el cooperativismo, impulsando la organización económica de sectores sociales clave como obreros, campesinos, mujeres, pueblos originarios y productores rurales. La meta final es aumentar su competitividad y facilitar su acceso a beneficios colectivos.
El diputado Mata explicó que la historia del cooperativismo se remonta a finales del siglo XVIII en Inglaterra, como una respuesta organizada de artesanos y obreros ante los desafíos de la Revolución Industrial. A lo largo de la historia, las cooperativas han demostrado ser formas organizativas esenciales en diversos países, desde cooperativas de consumo en Europa hasta agrícolas en Francia, de crédito en Alemania y de trabajo en Italia y España.
En México, el cooperativismo cobró fuerza durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas en la década de los 30, beneficiando a pescadores, agricultores, obreros y otros sectores productivos. Actualmente, diversas entidades a nivel nacional, como Hidalgo, Quintana Roo, Coahuila, Sonora y el Estado de México, ya cuentan con una ley específica en la materia. Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de su Recomendación 193, promueve que los países establezcan un marco normativo que regule el cooperativismo.
Mata destacó que en Durango ya existen productores, especialmente en zonas rurales y serranas, que operan bajo esquemas cooperativos, pero sin el respaldo legal necesario. Esta falta de reconocimiento les impide acceder a financiamiento, programas sociales y herramientas para profesionalizar su actividad. La iniciativa busca precisamente subsanar esta deficiencia.
Otro punto crucial de la propuesta es la diferenciación entre las verdaderas cooperativas y aquellas que simulan serlo, pero operan como empresas comunes. Esta distinción es vital para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de estas figuras económicas.
La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y dictaminación.
