El tema de la despenalización del aborto en el Estado de Durango, ya entró a la recta final. La polémica en torno a este problema, sin duda, encontrará como siempre la resistencia de los grupos y organizaciones que se oponen, entre ellos, la iglesia. Al respecto, hace unos días la diputada local, Dany Soto, declaró que el congreso tiene la presión de quienes están a favor, pero también, de los que están en contra.
Como coincidencia, los grupos más conservadores de nuestra sociedad, son los que en su momento se opusieron al matrimonio entre personas del mismo sexo y al final, se tuvo que quitar del código civil, “que el matrimonio era solo entre un hombre y una mujer”. Estos grupos a los que hacemos referencia, siempre han estado en contra de los derechos humanos que protege y garantiza el Estado, porque son derechos fundamentales que están en nuestra constitución.
Como ya es conocimiento de la sociedad duranguense, desde 2007 la organización Si Hay Mujeres en Durango que en cabeza la abogada Julieta Hernández Camargo, y a los que se agregaron tiempo después, las y los jóvenes REDdefine Durango, entre otras. Estas organizaciones, promovieron un juicio de amparo el cual después de muchos años, el 18 de julio de 2025, el segundo Tribunal Colegiado del Vigesimoquinto concedió, un amparo inatacable para que desaparezcan del código penal del Estado, los artículos que penalizan el aborto.
En dicho amparo, el tribunal consideró que los artículos 148, 149 y 150, que en algunos de sus párrafos o fracciones son inconstitucionales. En este contexto, es muy importante poner en claro el alcance del amparo que ganaron las organizaciones arriba mencionadas. En primer lugar, la sentencia del amparo no menciona que la actual legislatura vote en contra o a favor de despenalizar el aborto, en segundo lugar, la sentencia del amparo es muy clara: el tribunal le ordena al Congreso del Estado derogar los artículos señalados como inconstitucionales, de lo que hay precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, como resultado, ya son 24 Estados de la República que despenalizaron el aborto.
Como vemos, no se trata de llevar al pleno del congreso, votar a favor o en contra del aborto. Como ya se dijo, se trata de la orden de un tribunal colegiado que representa a la SCJN. A las diputadas y diputados de la actual legislatura, solo les queda una cosa: estiran o se ahorcan, ¿qué pasaría si el congreso no cumple la orden del tribunal? Se iniciaría un procedimiento de desacato dando vista al ministerio público federal, para que inicie una investigación por los delitos en contra de la administración de justicia. Las sanciones por un desacato, de acuerdo con elartículo 192 de la ley de amparo, van desde una multa, hasta la separación del cargo y delitos de carácter penal. Así que no se trata de votar a favor o en contra, se trata de obedecer el mandato judicial de un tribunal colegiado.
