El estado de Oaxaca se encamina a un hecho inédito en su vida política: el gobernador Salomon Jara Cruz será sometido a un proceso formal de revocación de mandato, mecanismo mediante el cual la ciudadanía decidirá si continúa o no al frente del Ejecutivo estatal.
La autoridad electoral local validó el procedimiento luego de que se cumplieran los requisitos establecidos en la legislación estatal, entre ellos la recolección del porcentaje mínimo de firmas ciudadanas y el cumplimiento del plazo constitucional, que permite solicitar la revocación una vez transcurrida la mitad del mandato.
De esta forma, Oaxaca se suma a los estados que han incorporado este instrumento como parte de su marco de democracia participativa, permitiendo que la población evalúe directamente el desempeño de su gobernador antes de que concluya el periodo para el que fue electo.
¿Cómo pueden los estados revocar el mandato de su gobernador?
La revocación de mandato no es automática ni depende de una decisión política del Congreso; es un derecho ciudadano regulado por las constituciones y leyes locales de cada entidad. Para que un gobernador sea sometido a este proceso, deben cumplirse varias etapas clave:
Marco legal local: El estado debe tener contemplada la revocación de mandato en su Constitución y en una ley reglamentaria. Solicitud ciudadana: Un porcentaje del padrón electoral debe firmar la petición para iniciar el proceso. Validación electoral: El organismo electoral estatal revisa y valida las firmas. Consulta popular: Se convoca a una jornada de votación en la que la ciudadanía decide si el gobernador continúa o se le retira el cargo. Participación mínima: Para que el resultado sea vinculante, debe alcanzarse un umbral de participación ciudadana establecido en la ley.
En el caso de Oaxaca, el proceso será organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que se encargará de la logística, la vigilancia y el cómputo de resultados.
Un precedente político relevante
Este ejercicio representa un precedente relevante a nivel estatal, ya que fortalece los mecanismos de rendición de cuentas y abre la puerta a que la ciudadanía tenga una participación directa en la permanencia de sus gobernantes.
