Durango, Dgo. — Una denuncia ciudadana creo polémica en redes sociales luego de que una comerciante local asegurara que, por no contar con un documento en el momento de una revisión, personal del Juzgado Administrativo del municipio de Durango intentó imponerle una multa de hasta 46 mil pesos, equivalente a 100 UMAS.
La afectada relató que fue una licenciada de acuerdos quien pretendía aplicar la sanción, situación que generó indignación no solo por el monto, sino por lo que calificó como una medida desproporcionada.
“Ya no sé si reír, llorar o cerrar el changarro”, expresó la comerciante, mostrando su sentir y el de muchos pequeños negocios que aseguran operar bajo presión constante.
¿Multa excesiva o procedimiento legal?
La ciudadana argumentó que este tipo de sanciones podrían contravenir lo establecido en el Artículo 22 de la Constitución, el cual prohíbe las multas excesivas y establece que toda sanción debe ser proporcional a la falta, considerar la capacidad económica del infractor y la gravedad del daño causado.
El señalamiento no es menor: pone sobre la mesa si realmente se están respetando los principios de equidad en la aplicación de sanciones administrativas en el municipio.
Comerciantes en la cuerda floja
El caso ha detonado comentarios entre otros comerciantes que afirman vivir situaciones similares, donde una omisión administrativa podría traducirse en multas que consideran impagables.
Aunado a la falta de ventas, rentas caras, poco o nada de circulante, ahora deben dar continuidad al excesivo cobro de impuestos.
