Durango, Dgo.– Una propuesta ciudadana presentada en Puebla encendió un debate que podría extenderse a todo el país: exigir título y cédula profesional en Derecho a quienes pretendan convertirse en diputados locales.
La iniciativa, denominada “Ley Salvatori”, fue promovida por la asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público. Su planteamiento busca modificar la Constitución de Puebla para impedir que personas sin preparación jurídica lleguen al Congreso.
Por ahora, la propuesta no es una ley aprobada ni tiene aplicación en Durango. Sin embargo, coloca sobre la mesa una discusión que seguramente provocará opiniones encontradas: si para ejercer numerosas profesiones se exige preparación académica, ¿por qué para redactar, modificar y aprobar leyes no se solicita una formación específica?
En Durango no se exige una carrera universitaria
Actualmente, la Constitución Política de Durango establece requisitos relacionados con la ciudadanía, residencia, edad y pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles para ocupar una diputación local.
No exige contar con licenciatura, título profesional ni experiencia previa en Derecho, administración pública, economía o alguna otra disciplina vinculada con el trabajo legislativo.
Esto significa que una persona puede buscar un lugar en el Congreso aunque nunca haya estudiado técnica legislativa, interpretación jurídica, elaboración de presupuestos o fiscalización de recursos públicos.
Los legisladores cuentan con asesores para realizar parte de ese trabajo técnico, pero la responsabilidad de votar las leyes, aprobar el presupuesto estatal y vigilar al Gobierno recae directamente en las diputadas y los diputados.
¿Profesionalización o restricción democrática?
Quienes respaldan una medida como la “Ley Salvatori” consideran que podría frenar la improvisación política y obligar a los partidos a postular perfiles preparados, en lugar de elegir candidaturas únicamente por popularidad, número de seguidores, relaciones políticas o capacidad para atraer votos.
También sostienen que resulta contradictorio que para ocupar ciertos puestos dentro del Poder Judicial se requiera formación jurídica, mientras que quienes crean las leyes no están obligados a tener conocimientos profesionales sobre la materia.
No obstante, exigir exclusivamente una licenciatura en Derecho también podría excluir a médicos, economistas, docentes, periodistas, empresarios, campesinos, activistas y representantes sociales capaces de aportar experiencia en diferentes áreas.
El Congreso no solamente discute asuntos legales: también decide sobre salud, educación, seguridad, medio ambiente, desarrollo económico, derechos humanos y distribución del dinero público.
Por ello, otra alternativa sería exigir cuando menos una licenciatura, experiencia comprobable en servicio público o capacitación obligatoria en materia legislativa, sin limitar las candidaturas exclusivamente a quienes estudiaron Derecho.
