Tres bibliotecas cerradas y otras ocho en la mira: el argumento del costo y la baja asistencia para el gobierno municipal de Durango es suficiente: ¿qué se hizo para atraer lectores antes de decidir bajar las cortinas?
En Durango, los espacios destinados a acercar libros y conocimiento a la población enfrentan una reducción. Giovanni Rosso, director del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores (INDEHVAL), informó en declaraciones a medios que ya cerraron tres bibliotecas y que prevén cerrar otras ocho, bajo el argumento de su costo de mantenimiento y poca afluencia.
De concretarse los ocho cierres adicionales, serían 11 bibliotecas menos de las 21 que, de acuerdo con lo señalado por el funcionario, existían en el municipio: más de la mitad de esa red.
Según Rosso, el municipio destina alrededor de 20 mil pesos mensuales por biblioteca y cada una recibe apenas entre cinco y diez visitantes al mes. El director también señaló que se definirán otras actividades para los inmuebles que dejen de funcionar como bibliotecas.
El anuncio cuestiona la política de desarrollo humano del municipio: la baja asistencia puede justificar una revisión de su funcionamiento, pero también obliga a preguntar qué estrategias de promoción, horarios y programas se impulsaron para que la población acudiera a estos espacios.
Ante este panorama, el escritor Antonio Carrillo Juárez difundió un comunicado, fechado el 27 de octubre, en el que pidió al Gobierno Municipal abrir un diálogo antes de tomar una decisión definitiva.
En su posicionamiento, titulado Las bibliotecas: el silencio que también nos corresponde, advirtió que evaluar estos espacios únicamente por sus visitantes y costos de operación implica el riesgo de tratar la cultura como un negocio.
Para el escritor, su utilidad está en las oportunidades de aprendizaje, imaginación y pensamiento propio que ofrecen a la comunidad.
Menos visitantes, ¿menos bibliotecas?
Carrillo Juárez planteó que, antes de cerrar, es necesario revisar qué ha fallado y explorar alternativas para recuperar la asistencia: ajustar horarios, impulsar talleres, organizar encuentros literarios y acercar la lectura a los barrios.
“Cerrar sus puertas quizá reduzca un gasto, pero no resuelve la falta de lectores”, sostuvo.
Su llamado también incluyó a escritores, docentes, lectores y promotores culturales. Señaló que la defensa de las bibliotecas debe traducirse en presencia, actividades y compromiso, más allá de los discursos y las publicaciones en redes sociales.
La responsabilidad, expuso, es compartida, aunque con obligaciones distintas: al gobierno le corresponde garantizar espacios culturales dignos y funcionales; a la sociedad, participar y contribuir a mantenerlos vivos.
El reto del instituto: recuperar su propósito
El escritor pidió que bibliotecarios, docentes, escritores y ciudadanos participen en la discusión sobre el futuro de estos espacios. También convocó a las familias a regresar a las bibliotecas y organizar actividades que permitan recuperar su función comunitaria.
El argumento económico presentado por Rosso deja pendiente una explicación fundamental: qué alternativas se evaluaron antes de anunciar los cierres y cómo se garantizará el acceso a la lectura para quienes utilizan esas bibliotecas.
Para un instituto encargado del desarrollo humano, el desafío es demostrar que puede hacer útiles y accesibles estos espacios. Cerrarlos puede reducir el gasto; recuperar su propósito exige una política cultural.
