A prisión uno de 16 imputados por un proyecto al que se oponía Berta Cáceres

Tegucigalpa, 12 abr (EFE).- Un juzgado de Honduras dictó este viernes prisión contra uno de los 16 imputados por un caso de presuntas irregularidades en el otorgamiento de la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, informó una fuente oficial.

El portavoz del poder Judicial en Tegucigalpa, Carlos Silva, dijo a periodistas que en la audiencia inicial el juez resolvió dictar prisión preventiva solamente para Roberto David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), detenido desde marzo de 2018, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.

Agregó que a los otros acusados, entre los que figuran el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona y el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano, el juez les dictó medidas sustitutivas a la prisión y les prohibió salir del país y que se presenten a firmar un libro de registro en un juzgado cada semana.

Todos son acusados de los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.

El caso, denominado “Fraude sobre el Gualcarque”, fue investigado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción de Honduras (Ufecic), que depende del Ministerio Público, y expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Según la denuncia, los acusados supuestamente incurrieron en “diversos delitos contra la Administración Pública” para que la empresa DESA fuera “beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque”.

Así como el contrato de suministro de potencia y energía, y otro de operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, este último conocido como “Agua Zarca”, al que la ambientalista se oponía al considerar que causaba daños al medioambiente.

Para la MACCIH, que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el caso es “paradigmático” y surgió como consecuencia de las “más de 40 denuncias” presentadas ante el Ministerio Público por la ambientalista Berta Cáceres sobre supuestas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos que afectarían a la comunidad lenca.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, y por su crimen la Justicia hondureña condenó en noviembre de 2018 a siete nacionales.EFE