Abogado de indios, figura olvidada de la colonia que empoderó a los indígenas

(Foto: http://umotion.univ-lemans.fr/)

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Martí Quintana

México, 16 abr (EFEMEX).- El defensor de indios, una figura un tanto olvidada del colonialismo español en América, fue clave para el empoderamiento de los indígenas y la creación de leyes para la defensa de sus derechos, dijo hoy en entrevista con EFE la historiadora Caroline Cunill.

“La cantidad de cédulas (reglamentos) que se promulgaron a raíz de la información mandada por los defensores de indios prueban que el cargo tuvo eficacia”, explicó Cunill.

La experta de nacionalidad francesa, pero que ha vivido y estudiado en México, es autora del libro “Los defensores de indios de Yucatán y el acceso de los mayas a la justicia colonial, 1540-1600”.

Si bien sus investigaciones se centran en la península de Yucatán, en el sureste mexicano, los defensores de indios existieron en todos los territorios americanos bajo el control de la Corona Española y su papel se extendió hasta el fin de las colonias en este continente.

Surgieron en 1550 a imagen del llamado “defensor de los pobres” ya existente en Castilla, encargado de proteger ante un juez a personas con bajos recursos, explicó la historiadora.

Fray Bartolomé de las Casas exportó esta figura a la colonia, alegando que los indios eran “miserables”, entendido como una persona “necesitada de amparo por condiciones socio-culturales”, señaló Cunill.

“No es que los indios fueran incapaces de defenderse, sino que necesitaban ayuda complementaria para poder hacerlo”, detalló.

El asunto no era menor -en Yucatán los indígenas representaban cerca del 80 % de la población- y por ello la figura del defensor de indígenas no estuvo exenta de polémica.

Los religiosos buscaban “monopolizar su poder sobre los indios”, colocarlos bajo su jurisdicción, pero el Rey les negó esta petición, y en respuesta creó la figura de los defensores de indios, que se configuraron por provincias.

Eran españoles que habían llegado después de la Conquista y buscaban hacer méritos ante su país. En la mayoría de casos, curiosamente no tenían estudios de leyes.

Además, “muchos de ellos no hablaban maya, pero el problema se compensaba con la presencia de intérpretes” que los apoyaban, afirmó la experta.

Ambos fueron indispensables para la protección de los derechos de los indígenas, quienes conocían esa figura y la utilizaban a menudo, según se desprende de los archivos consultados por la historiadora.

Este hecho los puso en el ojo del huracán. En Yucatán, sobresalió el defensor Francisco Palomino, que tuvo problemas con los encomenderos (conquistadores a quienes en recompensa se les asignaba un número de indígenas que debían darle tributos), fue encarcelado dos veces y lo intentaron matar.

Logró leyes favorables a los indígenas como que los mayas pagaran menos tributos y fueran remunerados con pesos o reales, en lugar de monedas de cacao.

La comunicación de los abogados con el Rey era bastante fluida, pues cada año debían mandarle al menos un informe, hoy resguardados en el Archivo General de Indias de Sevilla, España.

Algunos de los casos documentados por Cunill son, por ejemplo, de maltrato a una indígena que trabaja en el servicio de una casa, juicios a religiosos por castigarlos físicamente, así como numerosas disputas por explotación laboral y propiedad de las tierras.

No se tiene constancia del número de juicios que se celebraron, pues solo se conservan documentos de los más relevantes, que llegaban en grado de apelación al Consejo de Indias.

A pesar de la “eficacia” en la promulgación de reglamentos, no siempre estas “leyes favorables” a los indígenas se implementaban localmente.

“El gobernador tenía, a veces, intereses afines a los encomenderos, por lo que la aplicación de las leyes a veces se obstaculizaba”, agregó la doctora en Historia.

Con todo, esta herramienta empoderó a la población autóctona, que ya era beligerante de por sí: “Los indígenas fueron muy activos en su propia defensa, en la promoción de sus intereses y en la participación en los conflictos”.

Así, puntualmente se aliaron con diversos sectores sociales a fin de tener “un peso político más importante del que hemos pensado hasta la fecha”.

En México, según el último censo, de 2010, hay más de 16 millones de indígenas, frente a una población total cercana a los 120 millones de personas.

La Constitución mexicana les garantiza “el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.

No obstante, su acceso a la justicia es “difícil y precario”, lo que implica “discriminación, vejaciones y abusos en los procedimientos de impartición de justicia, además de falta de intérpretes”, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). EFEMEX