Activistas guatemaltecos contra la minería apoyan al jefe de la Cicig

Guatemala, 16 may (EFE).- Decenas de activistas e indígenas miembros de la resistencia contra la minería se manifestaron hoy a favor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y se reunieron con el comisionado colombiano Iván Velásquez para presentarle su “solidaridad” y para “felicitarlo” por su labor.

Con pancartas y consignas a favor de “la lucha contra la corrupción y la impunidad”, los indígenas y activistas demostraron su apoyo en las afueras de la Cicig, en la exclusiva zona 14 en el sur de la Ciudad de Guatemala.

Algunos de los representantes de los manifestantes ingresaron para sostener una reunión con Velásquez, a quien le demostraron su “gratitud” por “todo el trabajo que ha hecho contra la impunidad”.

Fue uno de los miembros del Parlamento del Pueblo Xinca, Kevin Jiménez, quien le dijo al comisionado que estaban “encantados de ver la esperanza de que este país pueda cambiar” y que ha sido “promovida” por el Ministerio Público (Fiscalía) y la Cicig.

El Parlamento del Pueblo Xinca, con presencia en los departamentos surorientales de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, ha sido un férreo opositor del proyecto minero El Escobal, de Minera San Rafael, una de las productoras más grandes de plata de Latinoamérica, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources.

Al encuentro también ingresaron representantes de la resistencia de La Puya, posicionada en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, del departamento central de Guatemala, quienes han conseguido impedir la instalación del proyecto Progreso VII Derivada, de Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), subsidiaria de la también canadiense Radius Gold.

También estuvo presente el director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, Yuri Melini, quien ha encabezado la defensa legal de las distintas resistencias contra proyectos mineros e hidroeléctricos.

El apoyo de los xincas y los activistas a la Cicig se da en el marco de la solicitud de retiro del Gobierno del embajador sueco, Anders Kompass, quien en enero anunció una donación de 9 millones de dólares para la Cicig para el período 2018-2019, debido a su supuesta “injerencia en asuntos internos”, lo cual, alegan los opositores a dicha medida, supone un intento de debilitar a la Cicig.

Las operaciones de Minera San Rafael, que se estableció en Guatemala hace cuatro años, están suspendidas desde el año pasado, debido a que la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal) no ha tomado una decisión de avalar el proyecto, el cual no contó con la aprobación de los comunitarios en una consulta amparada en el Convenio 169 de la OIT.

Debido a la falta de operaciones, la minera ha despedido ya a 250 trabajadores directos y unos 600 proveedores, así como a 3.500 colaboradores. EFE