Acusan a 2 diputados hondureños por falsificación de documentos

Tegucigalpa, 19 nov (EFE).- El Ministerio Público de Honduras con el respaldo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó hoy un requerimiento fiscal contra dos diputados por el presunto delito de falsificación de documentos públicos, informó una fuente oficial.

El requerimiento fue presentado contra los diputados Antonio Rivera, uno de los vicepresidentes del Parlamento hondureño, y Sara Ismela Medina, secretaria, indicó en un comunicado la MACCIH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ambos diputados habrían incurrido en la “falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y delitos contra la forma de Gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras”, añade el comunicado.

El requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones hechas con posterioridad a otro presentado el 24 de mayo contra otros dos diputados, José Tomás Zambrano y Román Villeda, por haber aprobado “anómalamente la Ley de Presupuesto”.

Con esa acción los diputados Zambrano y Villeda habrían “violentado la voluntad del pleno del Congreso con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos”.

Con el requerimiento de hoy el Ministerio Público “busca probar” que Antonio Rivera y Sara Ismela Medina, “en concierto de voluntades, también “aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto”.

La MACCIH recordó que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público, presentó en 2017 requerimiento fiscal por el caso “Red de Diputados” contra otros cinco congresistas por el delito de malversación de caudales públicos, relacionado al manejo de fondos sociales del legislativo.

Por este caso se presentó requerimiento contra los diputados Augusto Cruz Asencio, Héctor Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez y Eleazar Alexander Juárez.

Con una modificación a la Ley de Presupuesto se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados.

Eso produjo, según la MACCIH, “la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años”.

Los diputados acusados hoy habrían aprobado la Ley de Presupuesto con alteraciones sobre lo que después la secretaría del Congreso emitió una “fe de erratas” el 25 de enero de este año, publicada un día después en el Diario Oficial La Gaceta.

La MACCIH indicó que con la “fe de errata” se quiso “explicar que lo ocurrido fue producto de ‘un simple error’ y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas”.

Pero resulta que la “fe de errata”, según la MACCIH, sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso”.

Ante esa situación, “el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno”.

“Esta acción conjunta demuestra una vez más el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado”, indicó la misma fuente.

Además, subrayó que la MACCIH sigue trabajando en la investigación y tramitación de los casos que ya se han hecho públicos y en otros que tienen pendientes de presentar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.

Rivera y Medina indicaron hoy escuetamente que responderán con sus apoderados legales al requerimiento que se les ha hecho.

El trabajo de la MACCIH con el Ministerio Público se enmarca en el convenio suscrito el 19 de enero de 2016 entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA. EFE