- Existe el riesgo de que se suspenda videovigilancia, señala
La diputada local Sandra Amaya Rosales denunció que el Gobierno del Estado adeuda 169 millones de pesos a una empresa que le arrienda el sistema de videovigilancia en la capital desde 2019, por lo que en cualquier momento se puede suspender el servicio por parte del particular.
Indicó que en su momento las autoridades estatales habían anunciado que las cámaras que operan el sistema del C5 habían sido adquiridas por medio de la compra, pero después se supo que están arrendadas a un particular, además de que se ha incumplido en el tema del pago por ellas.
Al respecto, la legisladora indicó que esto es una irregularidad que deben aclarar tanto el gobernador del estado como los titulares de las secretarías de Finanzas y Seguridad Pública, ya que una provee de los recursos y la otra debió notificar el problema e insistir en que se resolviera a la brevedad.
Añadió que esto es completamente responsabilidad del gobierno estatal, ya que la Federación ha cumplido con el envío de los recursos correspondientes a participaciones federales, mismos que han sido utilizados para otros fines distintos a los de la gestión pública, por lo que deben de responder.
Amaya Rosales indicó que llamarán a comparecer a Arturo Díaz Medina, titular de Finanzas, y a la secretaria de Seguridad Pública Ileana Reyes, ante la comisión de Seguridad del Congreso del Estado que ella preside, para que se pueda resolver este problema que puede afectar la seguridad de la población.
Lamentó el mal manejo financiero que ha hecho la gestión que está por terminar su sexenio, ya que a tan solo tres meses de terminar le adeudan pagos a muchos sectores y no han entregado obra; “le deben a maestros, a constructores, a campesinos, a todo el mundo. Preocupa que se vayan sin pagar”.
