AI pide reconstruir la justicia centroafricana para atajar crímenes de guerra

Nairobi, 11 ene (EFE).- Amnistía Internacional (AI) ha llamado hoy a la comunidad internacional a destinar más inversiones para reconstruir lo antes posible el sistema judicial de República Centroafricana, y evitar así la impunidad de quienes han cometido crímenes de guerra durante los tres años de conflicto en el país.


“Los sospechosos de crímenes de guerra, incluyendo asesinatos y violaciones durante el conflicto en República Centroafricana, están evadiendo su investigación y detenciones y, en algunos casos, conviven con las víctimas”, revela AI en un informe hecho público hoy.

La organización considera necesaria la llegada de fondos adicionales para rehabilitar el sistema judicial centroafricano, y en especial para la creación del Tribunal Especial Criminal que juzgará a los criminales de guerra y la dotación del programa de protección de testigos.

Se trata de un tribunal híbrido integrado por jueces nacionales e internacionales destinado a juzgar a autores de crímenes penados por el derecho internacional y cometidos durante el conflicto.

Para garantizar su funcionamiento, AI considera que, además de garantizar otros 2 millones de dólares de los 5 que ya se han consignado, los países donantes también deberían iniciar el proceso de selección de personal para esta corte especial.

“Miles de víctimas de abusos esperan todavía que se haga justicia, mientras los autores de asesinatos y violaciones campan a sus anchas”, lamentó la investigadora de AI para este país Ilaria Allegrozzi.

Hasta el momento, ha sido imposible juzgar a estos criminales por la falta de capacidad del Gobierno centroafricano y la Misión de la ONU en el país (MINUSCA).

No obstante, Allegrozzi puntualizó que es necesario reconstruir el sistema judicial al completo, empezando por sus tribunales, prisiones y fuerza policial.

Estos años de violencia sectaria entre milicias rivales, principalmente entre exrebeldes Séléka de mayoría musulmana y grupos armados civiles cristianos, han arrasado con los registros policiales y han obligado a huir a gran parte del personal de seguridad.

Muy pocos tribunales continúan funcionando fuera de la capital, Bangui, y solo ocho de las 35 cárceles del país están operativas, con la mayoría de la población reclusa en edificios en ruinas, hacinados y en condiciones insalubres.

“Ellos (los supuestos criminales de guerra) viven codo con codo con sus víctimas. Cogen los mismos taxis, compran en las mismas tiendas y viven en los mismos barrios”, lamentó un miembro de la sociedad civil en Bangui.

La MINUSCA ha ayudado a las autoridades nacionales a arrestar a 384 personas por crímenes relacionados con el conflicto entre septiembre de 2014 y octubre de 2016, aunque se sospecha que hay muchos más.

La situación de impunidad ha contribuido a un aumento de la violencia desde el pasado septiembre, con ataques como el de Kaga-Bandoro, en el centro del país, el pasado octubre, en el que milicias ex Séleka mataron a 37 civiles y obligaron a huir a 20.000 personas.

República Centroafricana vive un complicado proceso de transición desde que en 2013 los exrebeldes de Séléka derrocaran al presidente François Bozizé, desatando una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos que ha causado miles de muertos y ha obligado a cerca de un millón de personas a abandonar sus hogares.

La elección de Faustin Archange Touadéra como nuevo presidente en febrero de 2016 debía abrir una nueva etapa para el país, que sin embargo todavía tiene muchos problemas para controlar a los grupos rebeldes en zonas alejadas de la capital. EFE