sábado, octubre 16, 2021
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Alargan período a “Comisión de la Verdad” que investiga muertes en Nicaragua

Managua, 7 feb (EFE).- La mayoría sandinista y sus aliados de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua alargaron este jueves por otros tres meses más el tiempo a la “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”, que está a cargo de investigar la muerte durante las violentas protestas acontecidas en este país desde el pasado 18 de abril.

Los diputados sandinistas y sus aliados aprobaron una resolución de la Junta Directiva legislativa que extiende por tres meses más, a partir del 7 de febrero, la vigencia de la “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”.

“Esta resolución es la ratificación de la ampliación del período de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”, dijo la diputada oficialista Loria Raquel Dixon, primera secretaria de ese poder del Estado, en el pleno.

Los diputados del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votaron en contra de esa resolución.

Esa comisión tenía un primer plazo de tres meses, que terminaba el 5 de agosto pasado, para dar un informe sobre los muertos, heridos, desaparecidos, encarcelados y torturados en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país.

Posteriormente, el Parlamento extendió ese plazo hasta el 6 de noviembre, luego hasta el 6 de febrero, y ahora hasta el 7 de mayo próximo.

Esa comisión está integrada por el sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú, la líder miskita Mirna Cunningham, el vicerrector de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Jaime López Lowery; el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, y el académico e intelectual Cairo Amador.

Esa comisión ha sido criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La Comisión de la Verdad cifra en 253 los muertos en Nicaragua por la crisis y en 362 los detenidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de “golpe de Estado” que, asegura, ya ha sido aplacado. EFE

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