Alcalde peruano espera poder demoler mausoleo de miembros de Sendero Luminoso

América TV

Lima, 18 feb (EFE).- El alcalde del distrito limeño de Comas, Miguel Saldaña, anunció hoy que espera un permiso judicial para demoler un mausoleo de miembros del grupo armado Sendero Luminoso, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desestimara una solicitud para mantenerlo en pie.

Saldaña explicó a Radio Programas del Perú (RPP) que la Municipalidad necesita la autorización judicial para mover los cuerpos de los senderistas, ya que los familiares de los fallecidos se niegan tajantemente a exhumarlos a pesar de que les han ofrecido nichos para enterrarlos por separado en el mismo cementerio.

El alcalde incidió en que la construcción, que alberga cuerpos de fallecidos en la matanza de El Frontón, la isla frente al puerto limeño del Callao en cuya cárcel murieron más de 100 presos por terrorismo en un motín en 1986, “es un terreno que no puede ser utilizado para glorificar a nadie porque es un espacio público”.

Saldaña dijo también que la Municipalidad de Comas denunció igualmente a los familiares, que integran la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (Afadevig), por resistencia a la autoridad.

La CorteIDH desestimó en una sentencia del 8 de febrero las medidas provisionales solicitadas para detener el proceso de demolición del mausoleo bajo el argumento de una persecución política.

El tribunal rechazó las peticiones porque ninguno de los solicitantes es representante de ninguna parte del caso Durand y Ugarte contra Perú, con cuyo expediente los magistrados evaluaron las violaciones a los derechos humanos en el caso de El Frontón.

La CorteIDH recordó que el caso todavía está en etapa de supervisión, pues aún está en marcha en la Justicia peruana el juicio por El Frontón contra un grupo de miembros de la Armada.

A estos militares se les acusa de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de presos condenados por terrorismo que ya se habían entregado a las autoridades durante el motín ocurrido en 1986, y cuya tipificación como delito de lesa humanidad todavía no se ha determinado. EFE