APM Terminals amenaza a Guatemala con un arbitraje por contrato en portuaria

Guatemala, 10 sep (EFE).- La compañía holandesa APM Terminals notificó hoy al Gobierno de Guatemala de su intención de iniciar un caso de arbitraje internacional contra el Estado guatemalteco por el contrato de una de las portuarias más importantes del país.

El gerente de Estrategia de APM Terminals para Latinoamérica, Flemming Falkentoft, explicó en una conversación con Efe que el objetivo es trasladarle al Gobierno de Guatemala que tienen “un proceso que seguir para una discusión que podría encaminar un arbitraje”.

Este caso de APM Terminals, del grupo Maersk, se remonta al 27 de mayo de 2016, cuando la Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso ante la sala quinta del Juzgado Contencioso Administrativo solicitando la nulidad del contrato de usufructo para la operación y construcción de la terminal de Puerto Quetzal por un caso de corrupción previo, antes de que la firma holandesa adquiriera la filial.

El 5 de diciembre de 2017, el Tribunal notificó la decisión de declarar nulo el contrato de usufructo, y aunque la empresa apeló la decisión -aún sin resolución- considera que está en una “situación de gran incertidumbre y riesgo”.

El director del portafolio de APM Terminals en Latinoamérica, Mogens Larsen, explicó en un comunicado que la compañía dedicó “bastante tiempo y esfuerzos” para resolver una situación que se originó “con anterioridad a nuestra adquisición de la Terminal de Puerto Quetzal”, en el Pacífico.

“Pero después de casi dos años y medio, la situación sigue sin resolverse, por lo tanto, nos vemos obligados a proteger la inversión sustancial que hemos realizado y los compromisos que hemos demostrado con Guatemala”, detalló al referirse a un valor de negocio de unos 200 millones de dólares.

Falkentoft agregó que con las circunstancias previas no tienen “la seguridad necesaria para mantener esas inversiones” y por ello apelan al Instrumento Internacional para la Protección de las Inversiones Aplicable (APRI), firmado por Guatemala y España en mayo de 2004 para la promoción y protección recíproca de inversiones.

Según este escrito, el inversionista, que en este caso es la filial española del Grupo Maersk, puede notificar al Estado contratante (Guatemala) la existencia de una disputa, por lo que inicia un periodo durante el cual ambas partes deberían entablar conversaciones sobre la resolución de la controversia y sino hay acuerdo el inversionista puede iniciar un arbitraje internacional.

La intención de APM Terminals Quetzal, que actualmente genera más de 400 empleos directos e indirectos y que opera a un 80 por ciento de su capacidad con planes de expansión y mejoramiento, es desarrollar y terminar el proyecto y maximizar los beneficios del país.

Sin embargo esta es una “discusión” que irá desenvolviéndose, agregó Falkentoft.

Un comunicado de la entidad señala que la nulidad del contrato de usufructo y el consiguiente cierre de la terminal no solo tendría un impacto en el Grupo Maersk, sino que también tendría un impacto “negativo severo” en la conectividad del comercio exterior de Guatemala, su infraestructura portuaria y el empleo local.

Un arbitraje de inversión internacional, continúa, podría tener efectos adversos para Guatemala en el área de la inversión extranjera directa y la calificación del riesgo país.

Adicionalmente, el Estado de Guatemala podría verse en la obligación de compensar no solo el deterioro de la inversión que se ha dado hasta el momento, sino también a pagar la restitución de las inversiones realizadas en el país, de unos 200 millones de dólares.

La ampliación de Puerto Quetzal, en el departamento sureño de Escuintla, empezó en agosto de 2014 y se produjo a través de un usufructo entre TCQ (ahora APM Terminals Quetzal) y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

La red de corrupción que surgió por las obras supuestamente estaba liderada por el exmandatario Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes exigieron a la empresa TCQ el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para adjudicar el proyecto.

La trama tiene en prisión preventiva a Pérez Molina y Baldetti, además de a otros funcionarios y empresarios, todos a la espera de saber si deben enfrentar un juicio por esta causa, que se descubrió en abril de 2016. EFE