domingo, septiembre 19, 2021
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Campaña “Navidad sin presos políticos” hizo recordar crisis de Nicaragua

Managua, 29 dic (EFE).- La campaña “Navidad sin presos políticos” en Nicaragua tuvo un efecto mínimo en la liberación de reos opositores, sin embargo, sirvió para recordarle al mundo la crisis sociopolítica que vive el país, informó este domingo la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP).

“Para nosotros, a pesar de que no nos hayan entregado a nuestros hijos, creemos que ha sido un éxito, porque hemos logrado que nuevamente vean a nuestros familiares a nivel internacional como lo que son: presos políticos, no delincuentes comunes, como dice el Gobierno”, afirmó a Efe la dirigente de la AFPP, Diana Lacayo.

La campaña “Navidad sin presos políticos” consistió en una serie de acciones legales y sociales de la AFPP para lograr que el presidente Daniel Ortega liberara a más de 160 opositores convictos, pero solamente 12 fueron excarcelados.

La estrategia incluyó dos huelgas de hambre en las que participaron al menos 14 mujeres, una de las cuales fue suspendida tras nueve días para proteger la vida de un sacerdote, sitiado junto a ellas por la Policía en una parroquia de la ciudad de Masaya (Pacífico) sin acceso a agua, energía ni ayuda humanitaria.

La segunda huelga, en la que participaron unas cinco mujeres en la Catedral de Managua, fue suspendida en el primer día debido al ataque y amenazas de un grupo de simpatizantes sandinistas.

“Pasar la Navidad sin nuestros hijos fue horrible, espantoso, creíamos que íbamos a pasar con ellos, pero seguimos en la lucha”, sostuvo Lacayo.

El Gobierno de Nicaragua sí envió a sus casas a 1.292 delincuentes comunes antes de Navidad, lo que dejó un sabor agridulce entre los integrantes de la AFPP.

“Nosotros estábamos doloridas con eso, pero hay una contrariedad, porque nos sentimos agradecidas con los reos comunes, han sido sumamente solidarios con nuestros hijos, comparten su comida, les dan pastillas cuando enferman, ellos tuvieron su error, pero allá dentro han mostrado una gran solidaridad”, explicó Lacayo.

Una aparente mayoría de nicaragüenses reclama la renuncia de Ortega desde abril de 2018, cuando el Gobierno utilizó armas de guerra contra las protestas pacíficas, que dejaron cientos de muertos y miles de heridos, además de ejecuciones selectivas, especialmente contra jóvenes y campesinos, según diversas denuncias.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis. Organismos locales suman hasta 651 víctimas. Ortega acepta 200 y sostiene que se defiende de un “golpe de Estado fallido”.

Una comisión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) determinó en noviembre pasado que el Gobierno de Ortega rompió el orden constitucional, con lo cual Nicaragua podría ser suspendida del organismo. EFE

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