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Comparece ante juez de control ex subdirector de transportes en La Laguna

Por la orden de aprehensión girada en su contra, Raúl N, ex – subdirector de

Transportes y actual Subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Región Laguna, compareció el pasado 12 de noviembre ante un juez de control

de la capital duranguense, acusado de cometer el delito de ejercicio abusivo de

funciones, en agravio de trabajadores del servicio público del transporte afiliados

a la CROM.

 

Según la denuncia de hechos que dio lugar a la Carpeta de Investigación

47/2019, en el año 2016 un grupo de 36 personas que residen en los municipios

Gómez Palacio, Tlahualilo y Mapimí solicitaron al gobierno del Estado

concesiones para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de taxi.

Para la entrega de las placas correspondientes, el entonces Subdirector de

Transportes en la Laguna les solicitó a cada uno el pago de veinticinco mil pesos

por cada juego de láminas (cuando el trámite se cobraba en ventanilla en 11 mil

500 pesos), con la cuales comenzaron a laborar, dichos pagos sumaron en total la

cantidad de 900 mil pesos.

 

Posteriormente, sin embargo, cuando los taxistas se presentaron a la

Recaudación de Rentas en la ciudad de Gómez Palacio a realizar el refrendo

correspondiente, fueron informados que sus pagos nunca ingresaron a la

hacienda pública, sus concesiones carecían del expediente respectivo y no había

registro alguno en el sistema.

 

Situación que a la fecha no se ha regularizado, razón por la cual decidieron

presentar la denuncia correspondiente en la Fiscalía anticorrupción. Luego de una

exhaustiva investigación, en que se solicitó información y fueron entrevistados un

gran número de servidores públicos estatales, el Agente del Ministerio Público

Especializado a cargo confirmó que en efecto el funcionario denunciado dispuso

en lo personal de los pagos realizados por el grupo de contribuyentes.

 

La carpeta de investigación criminal iniciada en contra del alto funcionario estatal

seguirá su curso hasta que a las víctimas del ilícito que se le imputa les sea

reparado el daño y el Estado recupere lo robado, es decir se ingrese a la

recaudación de rentas los pagos de derechos omitidos.

 

Dado que el imputado es un servidor público en funciones, se procederá a

notificar a la Secretaría de la Contraloría con el fin de que se tomen las acciones

conducentes en este caso, para deslindar la responsabilidad administrativa que

resulte.

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