Congreso de Guatemala aprueba ley para vigilar electrónicamente a los presos

Guatemala, 22 nov (ACAN-EFE).- El Congreso de Guatemala aprobó hoy una ley para implementar un nuevo mecanismo de vigilancia electrónica para los personas sujetas a procesos penales que no requieran estar dentro de una cárcel.


La iniciativa, que había sido propuesta el pasado mes de junio por el diputado opositor Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se llama Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal y fue aprobada de urgencia nacional.

El propósito es que esta herramienta sea un método “eficaz” para evitar la prisión preventiva, pues los dispositivos electrónicos no solo ubicarán a los procesados o condenados por medio de un sistema GPS, sino que también ayudará al descongestionamiento de las cárceles o la modernización del sector justicia.

“No es un secreto que hay muchos privados de libertad que están esperando a que se dicte una sentencia y que están guardando prisión al lado de delincuentes peligrosos. Mientras en Guatemala no se garantice una justicia pronta y que haya un Sistema Penitenciario fuerte, la implementación de esta ley se convierte en una solución práctica y realista”, manifestó en plenaria Raúl Romero, de Fuerza.

Es por ello que también servirá, dijo, para que no se aplique un “castigo innecesario a quienes estén detenidos por delitos de carácter administrativo o menor”.

La ley define además el arresto domiciliar, da facultades a los jueces para delimitar el ámbito geográfico del señalado, ordena al Ministerio de Gobernación (Interior) crear un centro de control y obliga a la Corte Suprema de Justicia a decretar un acuerdo para su entrada en vigencia.

Leonel Lira, presidente de la Comisión Parlamentaria de Reformas al Sector Justicia, también resaltó la importancia de esta ley.

“Hoy el Congreso ha cumplido una vez más para ayudar a las políticas públicas que buscan evitar el hacinamiento en las cárceles del país. Durante su discusión se evaluaron aspectos constitucionales para evitar que haya señalamientos sobre su objetivo”, razonó el diputado.

El brazalete electrónico se usaría cuando los delitos fueran menores y puedan gozar de una medida sustitutiva, aunque es el juez el facultado para tomar la decisión.

Esta propuesta tendría, según las estimaciones, un coste de 5 dólares diarios y sería financiada por el propio preso, para tener la facilidad de no ingresar a un centro carcelario y movilizarse en el perímetro que establezca el juez.

Según un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentado en septiembre, el 46,2 por ciento de los 20.707 presos que hay en las 22 cárceles de Guatemala están en prisión preventiva,

El Sistema Penitenciario de Guatemala sufre desde hace meses un grave problema de hacinamiento, con unos 20.000 reclusos en unas instalaciones con capacidad para solo 6.000 reos.

El Gobierno de Guatemala anunció la construcción a lo largo de 2016 de dos nuevos centros carcelarios con capacidad para 1.000 personas. ACAN-EFE