Congreso peruano rechaza archivar caso contra magistrados como pidió CorteIDH

La República

Lima, 12 feb (EFE).- El Congreso de Perú no archivará la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional como le ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), al considerar hoy que el fallo es “inaplicable”, y pedirá una aclaración al tribunal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la semana pasada una medida provisional en la que le ordena a Perú archivar una acusación contra cuatro magistrados, al establecer que esta puede obstruir un caso por el que el Estado fue condenado en el año 2000

El presidente del parlamento, el fujimorista Luis Galarreta, aseguró hoy en conferencia de prensa que el Congreso peruano no puede aplicar la orden de la CorteIDH porque, a juicio de los legisladores, va en contra de las normas constitucionales de Perú.

Galarreta nombró el artículo 93 de la Constitución peruana, que dice que “los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación” ni tampoco los hace responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

También mencionó el artículo 99, donde nombra la relación de altos funcionarios que la comisión permanente del Congreso puede acusar, entre los que están los miembros del Tribunal Constitucional.

Y el artículo 205, que marca que los ciudadanos que consideren que sus derechos han sido lesionados pueden acudir a instancias internacionales de las que Perú sea parte si han agotado la vía interna, condición que asegura no haberse dado con esta sentencia de la CorteIDH.

El fujimorista anticipó que, ante la posibilidad de sentar un precedente internacional, conversará con presidentes de otros parlamentos de países americanos “que también tienen la misma preocupación por tener claras las competencias y temas que revisa la CorteIDH”.

Sobre la aclaración que el Congreso peruano solicitará al mismo tribunal, Galarreta explicó que esta se tramitará mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña son investigados por supuestamente cambiar el voto de uno de sus excompañeros en una sentencia de 2013 sobre el caso “El Frontón”, donde se procesa a miembros de la Armada por presuntamente ejecutar extrajudicialmente a presos condenados por terrorismo que se habían rendido tras un motín en 1986.

Con un informe elaborado por el legislador fujimorista César Segura, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso recomendó inhabilitar por diez años a Espinosa-Saldaña y suspender por un mes a Miranda, Ledesma y Ramos.

Los magistrados han explicado que no cambiaron nada y que lo único que hicieron fue interpretar el sentido del voto del exmagistrado Juan Vergara para tener una mayoría de cuatro, con lo que el Tribunal se declara inhábil para decidir si los delitos son de lesa humanidad.

La CorteIDH explicó que emitió la medida provisional para que la acusación “no siga generando presiones indebidas tanto en ese alto tribunal como en los jueces penales para resolver” el caso del Frontón.

Perú fue condenado por la Corte Interamericana en el año 2000 por por la violación del derecho a la vida en el caso “El Frontón”.

El 18 de junio de 1986, varios penales de Lima fueron sacudidos por un motín de presos por terrorismo y el entonces presidente Alan García (1985-1990) ordenó a las Fuerzas Armadas recuperar el control y rescatar a los custodios tomados como rehenes.

De acuerdo con la Fiscalía, al día siguiente, cuando el motín ya había sido controlado por la Marina y concluido el enfrentamiento con los internos, se produjeron ejecuciones extrajudiciales de los presos rendidos. EFE