Constitucional de Guatemala ordena a presidente Morales garantizar protestas

El Espectador

Guatemala, 10 sep (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó hoy al presidente del país, Jimmy Morales, que garantice el derecho a la protesta de la ciudadanía durante las marchas convocadas para los próximos días.

El mayor tribunal jurídico decidió en el pleno de este lunes conceder, de forma provisional, el amparo solicitado el pasado fin de semana por el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, en el que pedía impedir que se restrinjan estas manifestaciones.

Rodas solicitaba a la Corte este amparo para que se “decrete la abstención y cese de cualquier acto y omisión” que “implique amenaza” o tenga por objeto “encubierta o verdaderamente” la restricción de las manifestaciones públicas del pueblo de Guatemala.

Estas acciones, añadió el ombudsman, “pudieran atribuirse” al presidente, o al Ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, o el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Tzi, por lo que pidió que tampoco se use la fuerza pública en contra de los manifestantes ni “medios de grabación de los ciudadanos”, los cuales “pudieran ser utilizados para generar represalias en su contra”.

Las principales organizaciones campesinas del país, estudiantes, religiosos, sectores indígenas, de mujeres y LGBTIQ acordaron acciones conjuntas para manifestar desde el lunes hasta el miércoles en contra de la cruzada contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que mantiene Morales.

El presidente guatemalteco ha sido señalado por la Comisión, que es un ente auspiciado por la ONU, y el Ministerio Público de posible financiación electoral ilícita.

El pasado 31 de agosto Morales anunció el fin de la Cicig para septiembre de 2019, y el martes pasado indicó que no permitirá el ingreso al país del jefe de la comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien definió como un peligro para la seguridad y el orden público.

La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.

Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder. EFE