domingo, septiembre 27, 2020
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Constitucional rechaza amparo que impediría salida de la CICIG de Guatemala

Guatemala, 27 ago (EFE).- La Corte de Constitucionalidad decidió este martes no otorgar un amparo provisional que busca impedir la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), prevista para el 3 de septiembre. 

El pleno del máximo tribunal del país indicó, en un breve comunicado, que resolvió “no otorgar el amparo provisional” solicitado por Álvaro Montenegro, Edie Cux, Pamela Saravia y Elvyn Díaz el pasado 21 de agosto “con el objetivo de que el mandato de la CICIG no termine” en la fecha prevista. 

La decisión fue “unánime” pero se desconocen los motivos que llevaron a la Corte de Constitucionalidad a no otorgar de forma provisional este recurso, en el que se denunciaba un supuesto conflicto de intereses del presidente Jimmy Morales en su afán de finalizar el mandato del ente auspiciado por la ONU. 

Los abogados aseguraban en su escrito que la decisión del mandatario de no renovar a la CICIG se debía a un conflicto de intereses debido a que en 2016 había hecho pública su intención de ampliar la estancia de la Comisión hasta 2021. 

Sin embargo, en septiembre de 2018, rodeado de militares, Morales anunció que la CICIG no iba a continuar y los abogados creían que en ese “lapso de tiempo se generó un conflicto de interés”, además de que a su juicio el presidente estaba actuando “en contra del bien común del pueblo de Guatemala”. 

En este sentido, el presidente de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Edie Cux, advirtió que entre 2014 y septiembre de 2018 Morales “fue señalado en casos de corrupción y de financiación electoral ilícita”, luego de haber manifestado “primeramente la decisión de prorrogar a la CICIG hasta 2021”. 

La semana pasada, la Comisión presentó su informe final de labores en el que repasa, en una línea de tiempo, su actividad de acompañamiento al Ministerio Público durante los últimos 12 años. 

Bajo el lema “Juntos lo hicimos”, el ente auspiciado por Naciones Unidas, que empezó a funcionar en 2007 para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incrustados dentro del Estado, exigió que se continúe con el “legado” que se ha levantado para la construcción de la democracia y la lucha anticorrupción. EFE

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