Corte de Apelaciones dicta la prisión preventiva a exministro hondureño

Tegucigalpa, 8 jun (EFE).- El exministro hondureño de Recursos Naturales y Ambiente Marco Jonathan Laínez, acusado de abuso de autoridad al otorgar una licencia ambiental para un proyecto hidroeléctrico, será remitido a prisión preventiva, informó hoy una fuente judicial.

Así lo decretó este viernes la Corte de Apelaciones de Honduras tras revocar, a petición del Ministerio Público, las medidas sustitutivas que beneficiaban a Laínez, otorgadas en 2016.

La Corte de Apelaciones indicó en un comunicado que declaró “ha lugar” el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, en el que solicitó la revocación de las medidas sustitutivas a la prisión y que se ordenase la prisión preventiva contra el exfuncionario.

Laínez es acusado por el Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad al otorgar en 2011 de “manera irregular” la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Aurora II, sobre el río Palagua, en la comunidad indígena Lenca de Guajiquiro, departamento central de La Paz.

La licencia ambiental fue autorizada por Laínez a la empresa Inversiones Aurora sin “realizar un estudio del impacto que este proyecto hidroeléctrico causaría a los territorios y culturas ancestrales lencas”, según la denuncia de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural.

El ex alto cargo contravino lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a consultar a los pueblos indígenas y tribales cuando se construyen obras en su territorio, según el Ministerio Público.

Laínez también enfrenta otro proceso penal por abuso de autoridad en la concesión de la represa “Hidroluz”, sobre el río Wampu, territorio de la comunidad Pech, en Dulce Nombre de Culmí, departamento oriental de Olancho.

Asimismo, es acusado por abuso de autoridad en el caso del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, iniciado hace más de tres años por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el río Gualcargue, al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, señaló el Ministerio Público.

El delito de abuso de autoridad en Honduras es castigado con hasta seis años de prisión, según el Código Penal. EFE