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Corte salvadoreña rechaza apelaciones de militares por masacre de El Mozote

San Salvador, 3 jun (EFE).- Una corte colegiada de El Salvador rechazó las apelaciones presentadas por la defensa de 18 militares procesados por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote en 1981, dijo este lunes a Acan-Efe uno de los abogados de las víctimas.

Wilfredo Medrano, de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, explicó que dichos recursos buscaban levantar el régimen de libertad condicional dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (noreste).

La presentación de dichas apelaciones obligó al referido tribunal a aplazar en mayo pasado una audiencia contra los militares retirados, en la que serían notificados de la imputación de los cargos de tortura, desaparición y desplazamiento forzado.

Estos delitos se sumarían a los de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo, que les fueron leídos a finales de marzo de 2017.

Añadió que, tras reprogramar la audiencia, el juez de la causa podría llamar a un grupo de expertos para que ratifiquen entre los meses de junio y julio los peritajes militares y antropológicos que han realizado.

El proceso, en el que la masacre fue declarada un crimen de lesa humanidad, se encuentra en la etapa de instrucción y han comparecido más de 30 testigos.

Entre los procesados se encuentra parte de la cúpula militar que dirigió el Ejército salvadoreño durante los primeros años de la guerra civil (1980-1992) y mandos intermedios de la unidad que perpetró la matanza.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del élite Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

Este proceso fue reabierto tras la anulación de una ley de amnistía de 1993, emitida pocos días después de conocerse el informe de la ONU sobre los crímenes de guerra. EFE

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