Costa Rica detuvo en 2018 a 424 personas en fallida mina de oro

San José, 26 dic (EFE).- Unas 424 personas, la mayoría nicaragüenses indocumentados, han sido detenidas este 2018 en la fallida mina Las Crucitas de Costa Rica, donde se ha desatado una fiebre por la extracción de oro de forma ilegal y dañina para el ambiente, informó hoy el Ministerio de Seguridad.

De los 424 detenidos, que en su mayoría indocumentados nicaragüenses, 172 fueron remitidos al Ministerio Público con cargos como portación ilegal de armas e infracciones a la ley de psicotrópicos y a la ley de minería, detalló el Ministerio.

“Hemos venido realizando un operativo sostenido en 2018 y estamos analizando el trabajo para enforcarnos en un operativo diferenciado en 2019 con la finalidad de dar sostenibilidad a la situación”, dijo en una declaración a los medios el director de la Policía de Fronteras, Allan Obando.

Decenas de coligalleros, como se le llama en el país a los mineros artesanales, han invadido durante el año los terrenos de la finca donde se construiría la mina Las Crucitas, ubicada en la recóndita Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela (norte), a unos pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua.

En la zona, estas personas incluso instalaron por un tiempo campamentos improvisados con pobres condiciones de salubridad, a fin de extraer oro con métodos artesanales dañinos para el ambiente y la salud, como es el uso del mercurio.

Durante el año las autoridades incrementaron la presencia policial y han efectuado diversos operativos que han permitido el decomiso de decenas de utensilios para trabajar la tierra y materiales como amalgama (oro con mercurio), oro y 2,5 litros de mercurio.

En el último operativo efectuado esta semana, las autoridades detuvieron a siete personas, de las cuales cuatro fueron remitidas al Ministerio Público como sospechosas de extraer oro de forma ilegal en la zona.

El sector ambientalista del país ha pedido durante el año al Gobierno que intensifique su presencia en la zona ante lo que consideran un desastre ambiental y un riesgo para la salud.

La empresa minera Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro con una concesión por 10 años.

Sin embargo, un largo proceso legal que comenzó en 2010 terminó por declarar ilegal la concesión debido a irregularidades en la tramitación de los permisos.

La empresa inició la construcción de la mina, talando árboles y limpiando terreno, pero no pudo finalizarla ni comenzar a extraer oro y fue condenada en 2015 a pagar 6,4 millones de dólares por daños ambientales.

Entre los daños se destaca la tala de árboles de almendro, una especie protegida y que es la principal fuente de alimento de la lapa (guacamaya) verde, un ave en peligro de extinción.

Tras la cancelación del proyecto la finca quedó en el olvido, lo que ha sido aprovechado por los coligalleros, quienes han dicho a medios locales que extrayendo oro pueden ganar hasta tres veces el dinero que reciben en otras actividades como agricultura o construcción. EFE