CPI rechaza remitir a la ONU el caso de Sudáfrica por no detener a Al Bashir

La Haya, 6 jul (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) anunció hoy que Sudáfrica incumplió las normas del tribunal al no detener en 2015 al presidente de Sudán, Omar al Bashir, cuando éste estuvo en Johannesburgo, pero rechazó remitir la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La decisión de los magistrados, leída por el juez-presidente del caso, Cuno Tarfusser, constató que “Sudáfrica tenía la obligación de detener a Al Bashir” cuando éste asistió en junio de 2015 a una cumbre de la Unión Africana en Johannesburgo, pues sobre él pesa una orden de arresto por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Los jueces señalaron que en su momento se enteraron por la prensa de que Al Bashir asistiría a Sudáfrica, Estado miembro del Estatuto de Roma, por lo que le comunicaron a sus autoridades su obligación de detenerlo y enviarlo a La Haya.

Sudáfrica alegó que no podía arrestar a Al Bashir debido a su inmunidad diplomática como jefe de Estado y le dejaron aterrizar en Johannesburgo, pero éste regresó a Sudán en menos de 48 horas para evitar problemas con la Justicia del país, que, obedeciendo a la CPI, había ordenado su detención.

La CPI decidió meses después abrir un procedimiento contra Sudáfrica por su falta de colaboración con la corte.

En la lectura de la decisión hoy, Tarfusser indicó que, si los países parte del Estatuto de Roma tuvieran en cuenta la inmunidad de los jefes de Estado, esto “representaría un obstáculo insalvable para el trabajo del tribunal” y afirmó que la orden directa dada por la CPI estaba por encima de los derechos de Al Bashir en cuanto a la inmunidad diplomática.

No obstante, consideró que remitir a Sudáfrica al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como podía haber hecho según los reglamentos del tribunal, no habría sido efectivo a la hora de mantener una futura cooperación con ese país.

El caso de hoy es una etapa más en las diferencias que han enfrentado a Sudáfrica y La Haya en los últimos dos años.

El punto culminante de esa tensión tuvo lugar en octubre de 2016, cuando el presidente sudafricano Jacob Zuma, imitando a Gambia y Burundi, anunció la retirada de su país del Estatuto de Roma y, por ende, de la jurisdicción de la corte.

Sin embargo, la Corte Suprema del país declaró “inconstitucional” la decisión de Zuma por no haberla planteado previamente en el Parlamento, lo que llevó a Sudáfrica a anunciar en marzo a Naciones Unidas que revocaba esa medida. EFE