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Cumplen funcionarios del Estado con transparentar patrimonio: SECOED

  • Termina periodo de rendición de declaraciones
  • Presentaron el 94 por ciento de los sujetos obligados

Los servidores públicos del Poder Ejecutivo, cumplieron con la obligación de realizar su declaración patrimonial y de intereses 2020, al presentar el 94 por ciento de los funcionarios del padrón de sujetos obligados, informó Raquel Leila Arreola Fallad, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango (SECOED).

Del 01 de mayo al 29 de junio del presente año, se recibieron 6 mil 100 declaraciones patrimoniales y de intereses a través de la plataforma Declara Durango, 4 mil 331 corresponden a modificación del ejercicio 2019, de conformidad con las estadísticas del año pasado, expuso la Contralora.

Con este ejercicio, puntualizó la Secretaria, los trabajadores acataron los lineamientos de la Ley de Responsabilidades Administrativas y del Primer Eje de la gestión del gobernador José Rosas Aispuro Torres: “Transparencia y Rendición de Cuentas”.

Durango fue una de las primeras entidades de la República, junto con la Federación, en aplicar los nuevos formatos vía internet, los cuales fueron aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Contralora, recordó que se tuvo de plazo para declarar hasta el 29 de junio, debido a que al finalizar mayo los servidores donde se aloja la plataforma sufrieron afectaciones por contingencias ambientales que se registraron en el primer cuadro de la ciudad y que dañaron la infraestructura eléctrica.

Arreola Fallad, reconoció la disposición de los funcionarios del Estado para cumplir con su obligación de manera electrónica, dado que como medida para prevenir la dispersión del COVID-19, el proceso no se realizó de forma presencial.

Después de la captación de declaraciones, se cruzará la información con los padrones del año pasado y el actual para identificar a los servidores que fueron omisos o extemporáneos para después comenzar el proceso de investigación a fin de deslindar responsabilidades.

Las sanciones van desde la amonestación pública o privada, suspensión sin goce de sueldo y destitución, según el nivel jerárquico del servidor, concluyó la Secretaria.

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