Defensa y Fiscalía debaten sobre pruebas contra expresidente Martinelli

La Prensa

Panamá, 2 ago (EFE).- La defensa y la Fiscalía debatieron hoy sobre la pertinencia o méritos de las pruebas contra el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, en la continuación de la fase intermedia de la causa que se le sigue por supuestas escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014).

Además, el magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, decidió que a partir del próximo lunes el magistrado fiscal, Harry Díaz, ponga a disposición de las partes, incluido el propio juez, el contenido de siete cuadernillos con información testimonial de las escuchas, un pedido que ha sido reiterado por parte de la defensa.

La idea es que las partes discutan sobre la admisibilidad o no de estas evidencias para la siguiente etapa del proceso.

“Lo que he dicho es que no voy a infringir el derecho de defensa a nadie, ya la decisión que tenía que tomar era si les permitía o no acceder a la información (de las 7 carpetillas). Tengo que dejar que la vean porque cómo se van a defender, pero con unas reglas muy claras y muy precisas”, afirmó Mejía.

Mejía aseguró que la revisión de los cuadernillos, que tomará al menos dos semanas, conlleva estrictas reglas de reserva y de acceso restringido que pasan por prohibir el uso de celulares, copiar o reproducir de alguna manera su contenido o filtrar comentarios sobre el mismo en los medios y redes sociales.

Los seis querellantes renunciaron a participar en la revisión de los cuadernillos para resguardar la intimidad de las víctimas, alegando que ya conocen esa información y que no quieren ser responsables de una eventual fuga de datos.

El juez de Garantías dio hoy por superada la fase de revisión y corrección de los escritos de acusación y de la presentación de acciones resarcitorias por parte de los querellantes, para entrar en la de discusión de las pruebas y evidencias presentados por la Fiscalía.

El escrito de acusación, presentado por el fiscal en octubre de 2015, fue ampliado de 30 a 48 páginas durante su sustentación en esta fase intermedia, en atención a una serie de “correcciones” solicitadas por la defensa del expresidente.

Sobre el tema de las indemnizaciones por más de 50 millones de dólares que reclaman algunas de las víctimas, Mejía aclaró que el demandado en este caso es el expresidente panameño, por lo que es él quien deberá pagar de haber un fallo condenatorio en un juicio oral, al que debe llamarse al término de esta fase intermedia.

Antes de iniciar hoy la nueva fase de esta audiencia intermedia, se dispuso, según acuerdo de las partes, que al final de la misma se debatirían las pruebas consideradas como ilícitas, las objeciones a los testigos protegidos, el contenido de los siete cuadernillos con transcripciones de las escuchas telefónicas, y las evidencias materiales.

La defensa de Martinelli objetó hoy una gran cantidad de pruebas periciales y documentales y pidió al juez de Garantías que las excluyera, mientras la Fiscalía rechazó todos los argumentos en contra de sus evidencias propuestas.

En esta fase intermedia, que comenzó el pasado 25 de junio, las pruebas no son presentadas, solamente son evaluadas por el juez para determinar su pertinencia y que se puedan usar en el juicio oral, en caso de que este ocurra.

El juez de Garantías suspendió la audiencia para reanudarla el próximo lunes para que la defensa termine lo que le queda pendiente en cuanto a las evidencias, ya que mañana viernes Martinelli debe acudir a una nueva cita médica.

Martinelli está detenido en una cárcel de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital panameña desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado por las autoridades de Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas.

El expresidente se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo del país, aunque su defensa asegura que solo podrá ser procesado por las interceptaciones ilegales como estableció la extradición, aprobada con base en el principio de especialidad previsto en un tratado bilateral. EFE