Delitos cuestan 3 mmdp al año

  • Perpetrados contra la ciudadanía en hogares, negocios y vía pública

Por: Andrei Maldonado

Los delitos patrimoniales en el estado de Durango perpetrados en contra de la ciudadanía en sus hogares, sus negocios y la vía pública cuestan al año más de 3 mil millones de pesos, de acuerdo a lo que revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

Según dicha encuesta, la cual es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Durango ocupa el lugar 26 a nivel nacional en el tabulador del costo anual de delitos en personas y hogares con 2 mil 489 millones 570 mil 958 pesos, y el número 31 en costo de delitos en unidades económicas, es decir comercios, con 696 millones 611 mil 489 pesos.

Si bien es cierto que la diferencia con respecto a los estados que ocupan los primeros lugares en ambos rubros es bastante significativa las cifras que arroja la Envipe no dejan de ser preocupantes, ya que las mismas han ido en ascenso durante los últimos años, registrando actualmente un costo promedio por delito de 5 mil 636 pesos en hogares y 27 mil 185 en comercios.

En la estadística, recabada en la Envipe 2016, se deja en claro que la tasa de delitos promedios cometidos contra unidades económicas es de 2.7 por cada comercio anualmente, mientras que la tasa de prevalencia delictiva por cada 10 mil negocios es de 2 mil 210 comerciantes que han sido víctimas de delito cuando menos una vez al año, desde pequeños robos hasta asaltos.

Los tabuladores que elabora el Inegi revelan también que la prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años es del 22 por ciento, es decir, que en Durango cada año 22 mil 230 personas son víctimas de cuando menos un delito, siendo equitativa la proporción entre mujeres y hombres que han sufrido algún atraco o lesión, incluido también el robo de vehículos.

Hay que resaltar que el costo promedio del delito se calcula dividiendo el total de pérdidas a consecuencia del delito, así como lo que las autoridades estatales, municipales y federales de seguridad e impartición de justicia erogan en medidas de prevención, entre el total de unidades económicas con algún gasto a consecuencia del delito, incluida la reposición de daños.