Deportaciones masivas de México y EE.UU. alimentan el contrabando de personas

89652_deportaciones_referencial_cbs_newsGuatemala, 28 jul (EFE).- Las deportaciones “masivas” de inmigrantes centroamericanos realizadas por México y Estados Unidos no han logrado contener la ola de personas que huyen de la “pobreza endémica” y la “violencia epidémica” que sufre la región, sino que de manera “involuntaria” aumentan el “contrabando de personas”.

Esta es una de las principales conclusiones del informe de International Crisis Group “Presa Fácil: violencia criminal y migración en Centroamérica” presentado hoy y en el que se examina cómo los grupos criminales sacan provecho y explotan a los migrantes viajando desde el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) vía México hacia los Estados Unidos.

El aumento de las medidas de control en las fronteras desvió a los migrantes indocumentados hacia “vías más costosas, tortuosas y peligrosas” y las bandas criminales y los funcionarios corruptos son los beneficiarios de una política que obliga a las personas “desesperadas” a pagar sumas cada vez mayores para evitar la violencia.

“Quienes huyen de la violencia en sus países de origen son nuevamente victimizados durante la huida. Son víctimas ideales”, pues además de poder ser extorsionados o secuestrados, también son “vulnerables” para la industria del sexo, principalmente los adolescentes, y solo en Guatemala se cree que el número de estas víctimas es de más de 50.000, acota.

Ante esta situación, el documento que es el número 57 sobre América Latina, advierte a los Gobiernos que son ellos los que deben garantizar una oportunidad a esas personas para que pueda solicitar “asilo” mediante procedimientos “justos y eficaces”, a la vez que es necesario lanzar una iniciativa regional para brindar seguridad y oportunidades económicas.

“Los líderes centroamericanos, en especial los del Triángulo Norte (..), deben también abordar la inseguridad crónica de forma más eficaz, al tiempo que supervisan y asisten a los deportados, en especial los niños y adolescentes, para que tengan alguna alternativa a huir de nuevo”, enfatizó.

En este mismo sentido, pide actuar con una “verdadera responsabilidad compartida a nivel regional” y exhorta a Estados Unidos a “redoblar su apoyo legal, económico, médico y psicosocial” a las agencias internacionales, instituciones gubernamentales y ONG locales que trabajan con refugiados.

“Levantar más barreras y empujar a los migrantes y refugiados hacia una clandestinidad aún mayor ha intensificado la crisis humanitaria, fortaleciendo las redes ilegales que han convertido gran parte de Centroamérica en un campo de batalla criminal”, advirtió.

Según uno de los testimonios recogidos en el documento, Aracely, de 25 años, dejó a sus hijos de cinco y siete años con parientes en el departamento de Colón, en la costa atlántica de Honduras, en su tercer intento de llegar a EE.UU. tras ser deportada de México.

Los problemas de su familia comenzaron cuando algunos familiares se involucraron con drogas ilegales. Fue ahí cuando unos traficantes rivales asesinaron a un tío suyo, transportista de droga, y luego mataron a su hermano y a su marido a balazos.

Asegura saber quiénes son los responsables, pero no los va a denunciar: “Cuando los narcos matan, nadie puede decir nada”.

Los coyotes y mafias que operan en el contrabando de personas son uno de los objetivos prioritarios de la política migratoria norteamericana y desde 2014, según datos oficiales, más de 1.200 personas han sido detenidas, así como millones de dólares incautados.

Una encuesta de la ONU realizada en 2015 a 160 mujeres centroamericanas y mexicanas solicitantes de asilo en EE.UU. halló que el 85 % afirmó que vivía en barrios controlados por las maras; el 64 % fue objeto de amenazas directas, o ataques, o había perdido a un familiar cercano y el 62 % dijo que era habitual ver cadáveres en sus barrios.

Alrededor del 60 % dijo que denunciaron ataques a la policía u otras autoridades, aunque ninguna esperaba recibir protección adecuada de ellos, y el 10 % sentía que era probable que los funcionarios del Gobierno les causaran daños.

El informe advirtió además que las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans o intersexuales (LGBTI) podían ser especialmente vulnerables a la violencia de las maras. EFE

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