jueves, septiembre 23, 2021
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Detención judicial para dos hondureños implicados en un caso de corrupción

Foto de archivo

Tegucigalpa, 24 may (EFE).- Un juez hondureño envió este viernes a prisión a dos hondureños implicados en un caso de corrupción, denominado “Narcopolítica”, que involucra a diez personas, entre ellas el exalcalde de Tegucigalpa Miguel Pastor.

Se trata de José Manuel Valladares y Claudia Marisela Matute, quienes fueron presentados ante las autoridades del Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción y fueron enviados a prisión.

Todos son acusados de “formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron”, según la denuncia de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP).

El exalcalde Miguel Pastor se involucró en el caso cuando fue ministro de Obras Públicas y Transporte (2010-2012), durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014).

Pastor fue enviado hoy a prisión con otros dos acusados, Walter Noé Maldonado y Deysi Marina Zúñiga, quienes se presentaron el jueves de forma voluntaria al juzgado hondureño.

Los otros acusados son Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo; Devís Leonel Rivera, líder de la banda narcotraficante Los Cachiros, preso en Estados Unidos, y cinco personas más.

Todos enfrentarán la justicia por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo, dijo en rueda de prensa el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Luiz Guimarães Marrey.

La investigación surgió a partir de la declaración de Devís Leonel Rivera, hecha ante un juez de EE.UU., donde enfrenta juicio por narcotráfico, en la que manifestó que en el 2009 entró en contacto con el candidato presidencial del Partido Nacional, Porfirio Lobo, a quien le dio dinero para su campaña electoral.

Además, según Rivera, Lobo le sugirió que “a cambio formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección para ocupar la Presidencia de la República, les pudieran dar contratos por parte del Estado”.

Para ese fin, añade la denuncia, una vez logrado el propósito de llegar a la Presidencia, Porfirio Lobo nombra en Obras Públicas y Transporte a Miguel Pastor, y como director de Carreteras a Walter Noé Maldonado, quienes le otorgaron a la empresa INRIMAR, creada por Devís Leonel Rivera, 21 contratos por un monto de 68,3 millones de lempiras (2,7 millones de dólares).

Con esos recursos supuestamente se harían obras en los departamentos de Olancho y Colón, oriente y Caribe del país.

Sin embargo, los contratos se otorgaron sin que la empresa INRIMAR cumpliera con los requisitos que establece la ley para poder contratar con el Estado, a través del fraccionamiento de 16 contratos para evitar la licitación pública.

Los otros cinco contratos “fueron otorgados a través de decretos de emergencia firmados” por Porfirio Lobo en Consejo de Ministros, por la emergencia causada por la tormenta tropical Agatha.

En los decretos de emergencia, según la denuncia, en principio no se incluyó a Olancho, que era donde supuestamente se iban a desarrollar los contratos por parte de INRIMAR, básicamente porque esa región no había sufrido mayores daños provocados por la tormenta. EFE

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