Dimisiones y debilidad parlamentaria en primeros meses de gobierno de Sánchez

Eldiario.es

Jesús Lozano

Madrid, 15 sep (EFE).- El jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, ha afrontado la dimisión de dos ministros en los primeros tres meses de gestión, ha constatado la dificultad de gobernar en minoría, se ha centrado en medidas sociales y ha conseguido sacar una ley para exhumar al dictador Francisco Franco.

Respecto a los independentistas de la región de Cataluña, ha ofrecido diálogo insistentemente al gobierno regional para reconducir la situación, pero siempre dentro de los límites de la Constitución y las leyes españolas.

Sánchez llegó al poder el 1 de junio pasado, cuando ganó una moción de censura parlamentaria de los socialistas al conservador Mariano Rajoy (2011-2018), apoyada también por Unidos Podemos (izquierda) y las minorías de independentistas y nacionalistas catalanes y vascos.

Pero la realidad es que el gobernante español cuenta solo con 84 de los 350 diputados del Parlamento, sin ningún acuerdo estable con otras fuerzas políticas, así que se ve obligado a negociar todas las propuestas legislativas.

En estas circunstancias, la oposición de conservadores (Partido Popular, PP) y liberales (Ciudadanos) aprovecha cualquier traspié, rectificación o indecisión que ven, por ejemplo frente al separatismo catalán, para urgir elecciones generales.

Sánchez, sin embargo, se resiste para agotar la legislatura, que terminaría a mediados de 2020. Argumenta que es necesaria una “regeneración” de la vida pública, en alusión a los casos de corrupción que afectan al PP, partido que gobernaba antes, y que tiene que revertir los recortes sociales que aplicó Rajoy (PP, centroderecha).

Nada más empezar a gobernar, Sánchez tuvo que asumir, a mediados de junio pasado, la dimisión de su primer ministro de Cultura, el escritor y periodista Màxim Huerta, al conocerse que defraudó 218.000 euros a Hacienda entre 2006 y 2008.

Y el martes pasado renunció la ya exministra de Sanidad Carmen Montón, tras publicar la prensa supuestas irregularidades sobre cómo obtuvo un título de máster en una universidad pública.

Esta misma semana, liberales y conservadores exigieron explicaciones sobre la tesis doctoral de Sánchez (presentada en 2012). Varios medios de comunicación lo acusan de “plagio”, algo rechazado “rotundamente” por el Gobierno.

El Ejecutivo remitió anoche sendos burofax a esos medios pidiendo que se retracten de las informaciones publicadas en las que acusan al presidente de plagiar su tesis, si bien ninguno de los tres medios se ha retractado por el momento de lo publicado en los últimos días.

Hasta ahora, la muestra más evidente de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo está relacionada con los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El Congreso de los Diputados rechazó el 27 de julio la propuesta gubernamental de límite de gasto y déficit públicos del año próximo.

Es un paso previo indispensable para la aprobación de los presupuestos, pero el Gobierno solo consiguió el voto favorable de los socialistas y de los cinco diputados nacionalistas vascos.

En esta situación de inestabilidad, el Ejecutivo ha recurrido varias ocasiones al decreto ley para legislar, una figura que se justifica por razones de urgencia y solo requiere la aprobación del Congreso, y no del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Sánchez ha conseguido así que el Parlamento respalde varias reformas, como restituir la asistencia sanitaria universal para inmigrantes irregulares, reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y recuperar una ayuda de 430 euros mensuales para desempleados de larga duración.

También ha logrado que el Congreso respalde una de sus promesas al asumir el cargo, un decreto ley para exhumar el cadáver del general Francisco Franco, muerto en 1975, y trasladarlo fuera del Valle de los Caídos, un monumento que el dictador mandó construir a 50 kilómetros de Madrid.

Otro problema que afronta Sánchez es el incremento de migrantes indocumentados llegados por vía marítima a España desde África, sobre todo desde que Italia impide el desembarco de rescatados por las ONG en el Mediterráneo central.

Nada más comenzar a gobernar, autorizó que el barco Aquarius con 630 inmigrantes -rechazado por las autoridades italianas y maltesas- pudiera dejarlos en el puerto mediterráneo español de Valencia (este).

Por el contrario, el Ejecutivo devolvió a Marruecos a 116 subsaharianos que habían saltado el 22 de agosto la valla fronteriza de la ciudad española norteafricana de Ceuta, pues España no consentirá la inmigración “violenta”, argumentó el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sánchez ha mantenido varias reuniones con colegas europeos para tratar de dar una respuesta coordinada a la crisis migratoria y hablar también de la unión monetaria y la reforma del euro.

También ha viajado ya a Hispanoamérica, donde se reunió a principios de agosto con los presidentes de Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica, y en los próximos días viajará a Austria, Estados Unidos y Canadá, además de que intervendrá ante el pleno de la Asamblea General de la ONU. EFE