Diputada guatemalteca busca impedir reforma a la financiación electoral

La Hora

Guatemala, 24 jul (EFE).- La diputada opositora Andrea Villagrán presentó hoy una acción de amparo en contra del Congreso de Guatemala ante la “posibilidad” de que se apruebe una reforma al artículo 407 “N” del Código Penal sobre el delito de financiación electoral ilícita por considerar que existe “conflicto de interés”.

Según la congresista, hubo legisladores que conocieron y participaron en las reformas -próximas a conocerse en tercer debate, el último paso para su aprobación final- que “poseen conflicto de interés ya que representan partidos políticos con investigaciones penales por el delito de financiación electoral ilícita”.

El Parlamento está próximo a aprobar los cambios al delito de financiación ilícito que buscan disminuir las penas, que irían de 2 a 5 años conmutables con el pago de una multa.

A juicio de Villagrán hay “beneficio de intereses personales y de otros involucrados en casos de financiación” y “arriesga las investigaciones en curso y a futuro sobre el tema”.

Añadió que busca que la Corte de Constitucionalidad (el máximo tribunal del país) “evalúe el procedimiento que se llevó a cabo -en el que los diputados revisaron y dictaminaron la reforma al artículo penal-” además de volver a comenzar con el proceso iniciado para “que sea llevado de conformidad con la ley”.

La posible modificación a las penas del delito de financiación electoral ilícita, que ha llevado a señalar al presidente, Jimmy Morales, por su opacidad en el manejo de los recursos durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder, “generarían falta de certeza” y “pondrían en duda la responsabilidad de los secretarios generales de los partidos políticos respecto del manejo de la financiación electoral”, dijo la diputada.

Villagrán pertenece al partido opositor Todos, cuyos líderes han hecho alianza con el oficialismo, mientras que los diputados Paul Briere y Villagrán se adhirieron al Frente Parlamentario por la Transparencia con el afán de fiscalizar al propio Congreso, ente surgido en noviembre de 2017, luego del primer intento de modificación al delito de financiación electoral ilícita y otros delitos del código penal que enfureció a la población.

Al llamado de Villagrán se sumaron las organizaciones Alianza por las Reformas, la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos (pública), Acción Ciudadana -el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional- y Justicia Ya.

Estos colectivos manifestaron este martes su rechazo a la reforma, con la que “se beneficiarían alrededor de 60 diputados y el mismo presidente Jimmy Morales”, además de “poner en riesgo otros casos contra personas que están siendo investigadas y procesadas por este tipo de delito” y solicitaron al Parlamento a “abstenerse” de aprobar la reforma. EFE