Diputada guatemalteca propone ley de protección integral a niñas violadas

Guatemala, 12 oct (EFE).- La diputada independiente Alejandra Carrillo presentó hoy en Guatemala una iniciativa de ley para la protección integral a las niñas víctimas de violencia sexual con el fin de fortalecer la legislación, involucrar a diversos ministerios e instituciones y agilizar los procesos.

A pesar de la discusión nacional que llevaron al pleno varias iniciativas y de los “múltiples esfuerzos”, como la Ruta de Abordaje Integral de Embarazos en Niñas y Adolescentes menores de 14 años, Carrillo señaló que las últimas estadísticas “evidencian el fuerte impacto que la violencia sexual está generando en las niñas”, que se convierten en madres a los 14 años o menos.

El Registro Nacional de las Personas reporta entre 2016 y lo que va de 2018 un total de 6.391 nacimientos de bebés cuyas madres tenían entre 10 y 14 años, apuntó la congresista, quien detalló que la ley fue elaborada en conjunto con el Observatorio en Salud y Sexual Reproductiva.

“Lamentablemente en Guatemala aún no contamos con un marco de protección de niñas víctimas de violencia sexual y embarazadas”, sostuvo Carrillo al lamentar que hace unas semanas el Congreso se enredara en dos iniciativas de ley, “una que penalizaba el acceso a salud reproductiva, anticonceptivos y educación sexual, y otra que garantizaba el aborto en niñas entre 10 y 14 años”.

Añadió que en lo que va de 2018 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha realizado 1.791 evaluaciones de niñas violentadas sexualmente y han habido un total de 1.535 embarazos en niñas registrados por el Observatorio.

Con la aprobación de esta iniciativa de ley “se ampliará la protección de la niña establecida en la Convención de la niñez de las Naciones Unidas y aportará en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, concluyó la congresista.

Por su parte, la directora del Observatorio, Mirna Montenegro, indicó que los casos de violencia sexual y de embarazos en menores de edad requiere “el compromiso de todos los sectores y entrar en raíces profundas del sistema”, pues si bien existen protocolos, la respuesta es “menor al problema que tenemos”.

La ley busca mejorar el sistema de información de casos de violencia sexual de las niñas para que sea usada por distintas entidades y establece la problemática como un tema de salud pública, dándole un marco legal a las clínicas de violencia sexual, que actualmente son susceptibles de ser erradicadas.

También se establece una Secretaría Técnica de una Comisión Intersectorial que deberá formular un Plan Estratégico para la Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y Adolescentes.

La Comisión estará presidida por el vicepresidente de la República e integrada por la Secretaría Ejecutiva contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, así como los ministerios de Gobernación (Interior), Desarrollo Social, Salud Pública y Asistencia Social, Finanzas Públicas y Educación.

También formarán parte la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación, el Registro Nacional de las Personas y los institutos de Ciencias Forenses y para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito.

Los miembros de la Comisión Intersectorial deberán implementar un programa permanente y actualizado de capacitación a empresarios y funcionarios públicos para que trabajen “acciones relacionadas con la niñez y adolescencia”, según establece la iniciativa en el capítulo 5.

La Procuraduría de Derechos Humanos señaló que en 2017 un total de 5.635 menores de edad fueron víctimas de maltrato o violencia sexual. EFE