El Constitucional peruano pide a autoridades acatar decisión de la CorteIDH

La República

Lima, 13 feb (EFE).- El presidente del Tribunal Constitucional de Perú (TC), Ernesto Blume, pidió hoy a las autoridades peruanas que acaten el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que pidió que el Congreso archive una denuncia contra cuatro magistrados de ese organismo.

“Invocamos muy respetuosamente a las autoridades respectivas a cumplir esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Blume en un pronunciamiento leído ante periodistas.

El magistrado remarcó que el Estado peruano tiene el compromiso de acatar esas resoluciones porque “firmó y ratificó en forma libre y soberana el 27 de julio de 1977, y el 12 de julio de 1978, respectivamente, la Convención Americana de Derechos Humanos”.

“Y desde el 21 de enero de 1981 aceptó la competencia de la CorteIDH”, precisó.

Blume también recordó que la convención “establece que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento para los Estados en los que son parte”.

El Congreso peruano anunció el lunes que la decisión de la CorteIDH es “inaplicable” y que pedirá una aclaración a ese tribunal, que la semana pasada pidió que se archive la denuncia contra los magistrados del TC Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.

Los constitucionalistas son investigados por supuestamente cambiar el voto de uno de sus excompañeros en una sentencia de 2013 sobre el caso “El Frontón”, donde se procesa a miembros de la Armada por presuntamente ejecutar extrajudicialmente a presos por terrorismo que se habían rendido tras un motín en 1986.

Los magistrados aseguran que lo único que hicieron fue interpretar el sentido del voto del exmagistrado Juan Vergara para tener una mayoría de cuatro, con lo que el Tribunal se declara inhábil para decidir si los delitos son de lesa humanidad.

Sin embargo, con un informe elaborado por el legislador fujimorista César Segura, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso recomendó inhabilitar por diez años a Espinosa-Saldaña y suspender por un mes a Miranda, Ledesma y Ramos.

Al respecto, la CorteIDH explicó que emitió la medida para que la acusación “no siga generando presiones indebidas tanto en ese alto tribunal como en los jueces penales para resolver” el caso del Frontón, que está en estos momentos en los tribunales.

El presidente del parlamento, el fujimorista Luis Galarreta, aseguró el lunes que el Congreso no puede aplicar la orden de la CorteIDH, porque considera que va en contra de las normas constitucionales peruanas, que establecen que “los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”.

Galarreta anticipó que, ante la posibilidad de sentar un precedente internacional, conversará con presidentes de otros parlamentos americanos “que también tienen la misma preocupación por tener claras las competencias y temas que revisa la CorteIDH”.

Sobre la aclaración que el Congreso peruano solicitará al mismo tribunal, Galarreta explicó que esta se tramitará mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Perú fue condenado por la Corte Interamericana en el año 2000 por la violación del derecho a la vida en el caso “El Frontón” en el que, de acuerdo con la Fiscalía, miembros de la Armada peruana ejecutaron extrajudicialmente a presos rendidos. EFE