El Espino, la comunidad desalojada que clama por una esperanza en El Salvador

El Faro

Hugo Sánchez

San Salvador, 17 may (EFE).- La Justicia llamó a la puerta de las 76 familias de la comunidad El Espino en El Salvador para desalojarlos de las tierras que han habitado durante años y dejarlos con tan solo una “esperanza” de un futuro incierto.

“Esperamos que haya una esperanza, que nos den una salida y si ya no se puede, que den un lugar donde refugiarnos. Estamos en la calle y aquí solo está Dios con nosotros”, dijo a Efe César Martínez, uno de los habitantes desalojados junto a su esposa, dos hijos adolescentes y una niña de 7 años de edad.

Un juez de paz de la central localidad de Antiguo Cuscatlán, José Palma, con el apoyo de la Policía, comenzó a desalojar a estas familias de la comunidad El Espino, ubicada en una finca con el mismo nombre y cercana a la sede de la Cancillería del país centroamericano.

Según versiones de la prensa local, empleados de los dueños del terreno comenzaron a sacar las pertenencias de estas personas y a desarmar las casas, construidas principalmente con madera y lámina.

Camas, sillas, mesas, barriles y ropa fueron arrojados a la calle, por lo que los desalojados decidieron colocarlos en la zona verde del camino que lleva hasta la Cancillería y los protegieron con plástico donado para salvarlos de las tormentas nocturnas que en los últimos días han caído en el país.

Según datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), unos 30 niños durmieron a la intemperie la noche del 16 de mayo junto a mujeres embarazadas y ancianos, y sin que la Policía, por órdenes del citado juez, permita el acceso a psicólogos para atenderlos.

“Anoche no dormimos. Es duro y a nadie se le desea”, apuntó Martínez, quien añadió que “el Gobierno nada ha dicho” y “ninguna autoridad ha llegado a dialogar”.

Durante el desalojo, que continuó este 17 de mayo, el juez también expulsó del lugar a Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), quien trataba de velar por los derechos de los desalojados.

“Se está cometiendo una grave violación a los derechos humanos”, dijo el letrado, quien denunció que “no solo se dedican a botar todas las estructuras, sino que se han dedicado a botar sillas de ruedas de personas que no pueden casi caminar, el agua de la familia y esto sin la presencia de ningún abogado.

Añadió que ante esta situación, el Idhuca solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que procedía “suspender de facto” el desalojo hasta que dicho organismo se pronunciara.

El director del Idhuca, José María Tojeira, informó este 17 de mayo que denunciaron al juez Palma ante la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia por la “ineptitud en el manejo del desalojo” y “tomar medidas que violan los tratados internacionales de El Salvador” sobre los derechos de la niñez.

Estas familias, según la PDDH, “aún no han aceptado” una alternativa propuesta por el Gobierno de recibir entre 4.000 y 12.000 dólares para obtener una vivienda y abandonar la zona.

“Eso no nos alcanza”, dijo a Efe Juan Alfaro, otra de las personas desalojadas, quien apuntó que el monto no es suficiente para obtener una “vivienda digna” y por eso no han querido abandonar el sector.

Según el Gobierno, la familia Dueñas, una de las más pudientes del país, “interpuso una demanda contra la comunidad El Espino, bajo el cargo de usurpar terrenos privados que forman parte de sus propiedades” y el juzgado de Paz ordenó el desalojo.

Un grupo de familias de la comunidad interpuso un amparo ante la Sala de lo Constitucional para frenar la acción judicial, los jueces constitucionales admitieron el recurso y suspendieron el desalojo como medida cautelar.

El 9 de febrero de 2017, la Sala ordenó a los habitantes abandonar la zona y mandó al Gobierno buscar alternativas para las familias, que en julio pasado rechazaron la propuesta de los dueños de la finca El Espino de habitar en otra zona de la propiedad por temor a la inseguridad.

Los terrenos están ubicados en un área considerada como el “último pulmón” en la parte central del país centroamericano y cercanos a una zona de centros comerciales y hoteles.EFE