El Estado de Guatemala está en deuda con las víctimas olvidadas de la guerra

Prensa Libre

Guatemala, 31 ene (ACAN-EFE).- El Estado de Guatemala está en deuda con la sociedad que sufrió “la represión y la violencia” durante el conflicto armado interno que durante 36 años desangró el país y 21 años después de la firma de los Acuerdos de Paz la agenda nacional de transformación “continúa sin cumplirse”.

Así lo denuncia hoy la Procuraduría de los Derechos Humanos en su Informe Circunstanciado de 2017, donde analiza los “pocos avances” en la agenda nacional, la “deuda” con la justicia transicional y los “pocos avances” en materia de reparaciones.

Durante el año pasado, la magistratura de conciencia recibió denuncias de organizaciones y personas individuales de víctimas de la guerra civil en las que no se cumple con el “resarcimiento integral”, siendo “víctimas de constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la Comisión Nacional de Resarcimiento”.

A pesar de la mesa técnica que instaló la Vicepresidencia en mayo de 2016 para solventar este tema, durante 2017 “no funcionó adecuadamente” y “no refleja ningún avance” en la búsqueda de estrategias para la reactivación del Programa Nacional de Resarcimiento.

A juicio de la Procuraduría, esto está relacionado con la falta de aprobación, por parte del Congreso, de una ley específica que regule la materia, ya que las modificaciones al acuerdo gubernativo aprobadas en este sentido son una “involución y retroceso”.

Las víctimas aseguran, además, que el Programa ha sido utilizado “con fines partidistas”, pues los Gobiernos de turno nombran personal sin conocimiento adecuado que “no tienen voluntad” de implementar el resarcimiento, combinándolo con “engorrosos y complejos trámites”.

Para la magistratura de conciencia también es preocupante la falta de un Registro Nacional de Víctimas y la ausencia de “un sistema de custodia y preservación de la información”.-

Además de que se continúa con “el incumplimiento de deberes” al no remitir a la Fiscalía aquellos expedientes “donde hay indicios” de la comisión de delitos “derivados del conflicto armado interno”.

“Las demandas y quejas de las víctimas continúan siendo que los más ancianos están falleciendo sin recibir el resarcimiento al que tienen derecho, pues el tiempo de espera de los expedientes es muy largo”, advierte el informe sobre este capítulo oscuro de la historia del país, en el que hubo más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.

Sobre la agenda pendiente de los Acuerdos de Paz, firmados el 29 de diciembre de 1996 entre la guerrilla y el Gobierno, el documento señala que además de la justicia transicional -“verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”-, las víctimas denuncian que no se busca a los desaparecidos.

En el conflicto armado interno entre 1960-1996 hubo genocidio y se perpetraron unas 669 matanzas, en su mayoría a indígenas y campesinos, que aún siguen buscando Justicia, según el informe “Memorias del Silencio” realizado por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas.

“Todo ello lleva a que el Estado no asegura las garantías de no repetición de dichos hechos, mucho de ello es derivado de una actitud negacionista del Estado que sigue sin reconocer” varios informes realizados sobre esa guerra.

A pesar de ello, el informe destaca algunos avances, como el caso por el genocidio ixil contra el exdictador José Efraín Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez, que se está repitiendo en los tribunales de Justicia después de la Corte de Constitucionalidad anulara la primera sentencia en 2013 por entender que hubo irregularidades.

También resalta la causa conocida como Creompaz, en el que 8 altos cargos retirados del Ejército enfrentarán un juicio por la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y violencia sexual de los 565 restos humanos localizados en una base militar. ACAN-EFE